Detenidos un funcionario de Archena y un intermediario por expedir a extranjeros certificados de empadronamiento falsos

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en Archena la operación ‘Falsitatis’, una investigación que ha permitido esclarecer un presunto entramado delictivo dedicado a beneficiarse de la expedición fraudulenta de certificados de empadronamiento a ciudadanos extranjeros.

La investigación se inició en 2024, después de que el Ayuntamiento de Archena pusiera en conocimiento de la Guardia Civil unas supuestas anomalías detectadas en el padrón municipal. Según la investigación, desde otras comunidades autónomas se había alertado de la presentación de certificados expedidos por el Consistorio archenero que resultaban sospechosos de falsedad.

Especialistas en Policía Judicial se hicieron cargo de las pesquisas y recopilaron información de la base de datos del padrón municipal, que fue analizada de forma minuciosa. Este examen permitió detectar distintas irregularidades, como referencias erróneas de viviendas o un número excesivo de personas empadronadas en un mismo domicilio.

El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, lo que permitió intervenir los medios informáticos utilizados para la expedición de los documentos oficiales. El análisis del contenido digital permitió detectar en torno a 600 certificaciones fraudulentas expedidas entre los años 2021 y 2024.

Las pesquisas centraron el foco en un funcionario municipal dedicado a la gestión de este tipo de trámites. Según la Guardia Civil, este empleado se perfila como la persona que habría expedido documentos oficiales con datos falsos, erróneos o modificados, presuntamente a cambio de dinero.

Registro de su domicilio

Tras ser autorizada la entrada y registro en su domicilio, los agentes se incautaron de una importante cantidad de documentos, entre ellos certificados y solicitudes, además de terminales de telefonía móvil e incluso un sello municipal.

La investigación permitió identificar posteriormente a un segundo implicado, que presuntamente actuaba como intermediario entre los ciudadanos extranjeros y el funcionario. Este individuo se valía de su origen para contactar con compatriotas a los que, al parecer, ofrecía certificados de empadronamiento a ‘medida’.

Según se desprende de la investigación, los implicados habrían llegado a cobrar entre 50 y 600 euros, en función del tipo de trámite solicitado.

La operación ‘Falsitatis’ ha concluido recientemente con la detención de ambos como presuntos autores de un delito de falsedad documental.