Condenados tres vecinos de Cartagena por pegar y lesionar a su casera cuando les pidió que pagasen el recibo del agua

Ocurrió en mayo de 2025. Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la casera fue a la casa, ubicada en la diputación de Santa Ana, en Cartagena, "con intención de que le abonasen el recibo del agua", y ahí encontró en primer lugar a la madre y a la pareja del hombre al que le tenía alquilada la casa. La madre, además, es hermana de la casera.

Comenzó entonces "una discusión verbal entre ellas por el pago del recibo, manifestando las denunciadas que no pensaban pagar cantidad alguna, alterándose cada vez más hasta el punto que una de ellas, desde el interior de la vivienda, profirió (contra la casera) una serie de insultos y expresiones amenazantes, tales como que si salía la iba a matar y que le iba a partir la boca, generando a la mujer una situación de desasosiego".

Al rato, llegó el inquilino (su sobrino). La casera le reclamó el pago del recibo en cuestión, pero el hombre dijo que "se encontraba cansado y que quería descansar porque llegaba de trabajar". La dueña de la casa llegó a agarrar las llaves de la misma, "siendo seguida por el hombre, que la agarró del brazo, comenzando a forcejear con ella para intentar recuperar sus llaves a la vez que le decía que le iba a pegar".

La víctima recurrió la sentencia, porque la misma no incluía orden de alejamiento para sus agresores

En ese momento, prosigue la resolución judicial, apareció en escena de nuevo la madre del hombre, la cual "agarró por el cuello" a la casera "para ayudar a su hijo a recuperar las llaves, produciendo dicho forcejeo una serie de lesiones a la casera por las que tuvo que recibir asistencia médica".

La afectada denunció a los tres. Un juzgado condenó, en junio de 2025, al inquilino y a su progenitora a abonar una multa de 150 euros, por ser autores de un delito de lesiones, mientras que a la pareja de él le impuso la misma pena (sanción económica de 150) por un delito leve de amenazas.

"Hay un peligro real"

La víctima recurrió ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, la sentencia, porque la misma no incluía una orden de alejamiento de los agresores respecto a ella.

"Ha quedado acreditada una situación objetiva de riesgo, exteriorizada en un peligro real y concreto de agresión o daño para la víctima, así como un estado de intimidación suficiente para afectar a su tranquilidad, todo lo cual justifica su adopción, máxime cuando los hechos suceden en el ámbito familiar", alegó su defensa.

La Audiencia, al desestimar el recurso de la casera y confirmar la sentencia, subraya que la misma "contiene una motivación suficiente de la razón por la cual no impone dichas prohibiciones de aproximación y comunicación entre las partes, sin que dichos razonamientos puedan calificarse de irracionales".