Los fumaderos de droga se mudan de los barrios marginales de la Región a las zonas acomodadas

A principios del mes de agosto, un cadáver degollado era encontrado en una casa del centro de Cabezo de Torres, en Murcia. Se trataba del domicilio de José Luis M. S., ‘El Muelas’, el cual habría convertido su propiedad en un fumadero de droga, explicaron los propios vecinos a la Guardia Civil que tomó el piso del Edificio Greco en el que se descubrió el cuerpo sin vida. A muchos de los residentes no les pilló de susto el suceso. "’El Muelas’ se metió en la droga al morir su madre, era un desastre", relataron, al día siguiente del descubrimiento.

Los fumaderos de droga ya no están solamente instalados en zonas deprimidas de la Región, sino que paulatinamente se van mudando a bloques de pisos en barios residenciales e incluso acomodados, indican fuentes policiales.

La razón: principalmente "la presión policial en áreas históricas de tráfico minorista, que obliga a las redes delictivas a desplazarse hacia zonas con menor vigilancia", apunta Francisco Moreno, secretario de Comunicación de Jupol Murcia. "Sin embargo, la falta crónica de efectivos y recursos en la Policía Nacional impide una respuesta sostenida y efectiva, permitiendo que por cada narcopiso desmantelado surjan dos o tres nuevos", lamenta al respecto.

"Aprovechan los pisos vacíos, que se okupan y utilizan para esto", explica el responsable del SUP

Jupol remarca que "operaciones recientes han confirmado la presencia de fumaderos y narcopisos en barrios céntricos, donde los vecinos sufren inseguridad, insalubridad, peleas y un trasiego constante de consumidores".

Hace apenas unos días, la Policía desmanteló un fumadero de droga en el barrio del Carmen, en la capital murciana, en una operación que se saldó con el arresto de media docena de personas. Al acceder al bloque los policías localizaron un inmueble con la puerta completamente abierta. En su interior observaron a varias personas consumiendo sustancias estupefacientes, y a otras custodiando una mesa con dinero, dosis preparadas para su distribución, utensilios para el pesaje y envasado de la droga. Un ‘cuadro’ del que los vecinos llevaban tiempo quejándose.

Así las cosas, Jupol tiene claro que urge "un refuerzo inmediato de plantillas en las unidades especializadas en lucha contra el tráfico de drogas, más medios materiales y humanos para investigaciones prolongadas y entradas judiciales y el reconocimiento de la profesión como de riesgo, ante el creciente peligro que supone esta delincuencia organizada". Y es que "los agentes de la Policía Nacional seguimos trabajando con profesionalidad y compromiso, pero sin los recursos necesarios".

Los policías indican que, aunque haya quejas de afectados, sin la orden judicial no se puede acceder

En la misma línea se expresa Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región, al remarcar que "es prioritario" que a los policías se les reconozca como profesión de riesgo.

Rodríguez comenta que "se está haciendo una muy buena labor, tanto por las unidades de investigación como por las de seguridad ciudadana, en lo que se refiere a la presión sobre estos puntos de venta y consumo de estupefacientes", razón por la que "se están produciendo movimientos de estos puntos a cualquier otro lugar de la ciudad, aprovechando inmuebles y pisos vacíos, que se okupan y se utilizan para esto".

La situación da lugar a que "barrios que tradicionalmente no había tenido este problema lo tengan, con la consiguiente conflictividad que genera el tránsito de los consumidores por estos puntos de venta", manifiesta el SUP, que añade que "también se ha detectado que se ha desplazado este tipo de puntos a zonas rurales, donde quizás haya menor presión policial por la dispersión de los puestos de la Guardia Civil".

Interior registró 446 delitos por trapicheo en nueve meses en la Comunidad murciana

El SUP pide que "se aborde de manera estructural y se ataje este problema", para lo que sugiere cambios en el Código Penal, "con el endurecimiento de las penas y el cumplimiento íntegro de las mismas", así como "dotar de más medios humanos a todas las plantillas de la Región, para poder aumentar más aún la presión" en torno a este tipo de prácticas.

El problema también lo notan las diferentes Policías Locales. Miguel Alcaraz, coordinador de Policías Locales de Comisiones Obreras en la Región, tiene claro que "la proliferación de narcopisos y fumaderos puede llegar a ser una amenaza para la convivencia y la seguridad ciudadana de los vecinos", por lo que "echamos en falta normas que permitan a los agentes intervenir con rapidez en viviendas en muchos casos okupadas, donde se trafica o se consume droga de forma habitual".

"Los policías locales también percibimos que estas actividades que antes eran más visibles en zonas marginales se mezclan ahora en zonas residenciales, afectando a vecinos y su percepción de seguridad", hace hincapié Alcaraz, para exigir "más medios, apoyo judicial, y una normativa legal que facilite intervenciones rápidas sin trabas excesivas, especialmente cuando hay denuncias de vecinos", dado que "hay que evitar la normalización del consumo de drogas, puesto que debilita la autoridad policial y la sensación de seguridad de los vecinos".

Por su parte, Antonio Jesús Álvarez Rex, coordinador de la sección de Policía del SIME en el Ayuntamiento de Murcia, remarca que "tenemos un problema muy grande con la intervención en los inmuebles donde, con la protección que da el derecho de morada, se hace muy difícil poder intervenir en estos narcopisos".

"Desde los rellanos"

Que en un edificio se ha instalado un fumadero "se percibe desde los propios rellanos de los pisos", apostilla Rex, que recalca que, no obstante, "para poder realizar cualquier tipo de intervención, se necesita una investigación al efecto, con unos indicios muy claros, y emplear una cantidad muy grande de recursos policiales".

"Esta investigación, que puede acabar con la petición de entrada y registro solo puede ser acordada por un juez, por lo que en la práctica se aprecia una dilación en la solución por parte de los vecinos afectados", manifiesta.

Que proliferen estos fumaderos en bloques de pisos no significa que hayan desaparecido las asociaciones cannábicas de toda la vida. Juan García Montalbán, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en la Región, constata también "el crecimiento paulatino de las asociaciones de consumo de cannabis", las cuales "con carácter general no son lugares donde ocurran incidentes de riñas u orden público, aunque esporádicamente se han registrado algunos".

"En AUGC echamos de menos una legislación y normativa clara, sea estatal o autonómica, según la competencia, donde los guardias civiles sepan a qué atenerse en la inspección de las citadas asociaciones con la seguridad jurídica necesaria", significa.

Algunos garitos intentan camuflar su actividad como una asociación de consumo de cannabis para dar una falsa apariencia de legalidad

También ocurre que "en ocasiones dichos establecimientos crean una situación de malestar vecinal y es necesario tener unas directrices para la actuación de los Cuerpos de Seguridad", destaca García Montalbán, para incidir en que "especialmente importante es que se delimite la frontera legal entre el autoconsumo de cannabis y la posibilidad de un delito de tráfico de drogas".

Cuentas a mano, 'maría' en botes

Tarros de cristal con diferentes pegatinas en las que se lee qué hay en cada recipiente: ‘California’, ‘Amnesia’, ‘Vainilla’ y ‘Mimosa’. No son hierbas al uso: son diferentes variedades de marihuana. Es lo que la Policía Nacional encontraba en un fumadero desmantelado en el municipio de Cartagena.

En el marco de los diferentes operativos para luchar contra el tráfico de drogas en la Región, los Cuerpos de Seguridad desmantelan constantemente locales en los que se trafica con distintos tipos de estupefacientes y se permite una vez adquirida la droga, su consumo en el interior del mismo.

Otra cosa que suelen encontrar los agentes en los fumaderos es el ‘libro de cuentas’, esto es, anotaciones a mano sobre distintas sustancias, su cantidad y quién es el comprador. Del mismo modo, aparecen ingentes cantidades de dinero en metálico, tanto en billetes como en monedas. Es dinero negro, decomisado por la Policía cuando desmantelan estos puntos.

Fuentes policiales explican que algunos garitos intentan camuflar su actividad como una asociación de consumo de cannabis para dar una falsa apariencia de legalidad.