La jueza del caso Atalayas ordena investigar qué responsabilidad tuvo el Ayuntamiento de Murcia en la tragedia de las discotecas

La titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Murcia, que investiga las 13 muertes ocurridas en las discotecas de Atalayas en octubre de hace dos años, ha redactado una providencia, con fecha de este lunes 29, en la cual solicita "la práctica de diligencias de investigación en orden a esclarecer la posible responsabilidad penal por presunto delito de prevaricación administrativa de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Murcia" en los fallecimientos.

No lo hará en una pieza separada (algo que ya había rechazado en otras ocasiones, y que también rechazó la Audiencia), sino en la misma causa que está ya en marcha. Según el documento judicial, al que ha tenido acceso este diario, la magistrada ordena que las diligencias que se incoen se unan al procedimiento abierto.

Dice textualmente: "Visto el estado de las actuaciones, conforme a lo resuelto por la Audiencia Provincial de Murcia Sección Segunda por auto de 1 de octubre de 2025, de que por delito de prevaricación administrativa en las presentes diligencias previas, por no existir conexidad con los delitos objeto de investigación de homicidio por imprudencia, dedúzcase testimonio de la querella criminal interpuesta (por dos procuradores del caso) e incóese diligencias previas por los hechos denunciados relativos a la prevaricación administrativa, permaneciendo unidas las citadas querellas a la presente causa en orden a los delitos de homicidio por imprudencia".

"Asimismo, por presentado escrito de fecha 15 de octubre de 2025 (por uno de los procuradores) solicitando la práctica de diligencias de investigación en orden a esclarecer la posible responsabilidad penal por presunto delito de prevaricación administrativa de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Murcia, en los fallecimientos, dedúzcase testimonio del citado escrito y únase a las correspondientes diligencias previas que se incoen por presunto delito prevaricación administrativa para resolver aparte sobre su necesidad o no".

Familiares de algunas de las víctimas, cuyos intereses representa el abogado José Manuel Muñoz Ortín, subrayan que "la Justicia considera necesario analizar separadamente la actuación administrativa del Ayuntamiento, especialmente en lo relativo a las licencias, controles, inspecciones y actuaciones en materia urbanística, de actividades y de seguridad, que forman parte del contexto previo a la tragedia".

Otra prórroga

Los parientes también ponen el acento en que "el mismo juzgado ha acordado una nueva prórroga del plazo máximo de instrucción de la causa principal, fijando su finalización el 1 de abril de 2026".

Y es que incluir a los responsables municipales en la investigación judicial es una de las reivindicaciones principales para los familiares de los finados, como han ido recordando cada vez que han hecho una concentración en memoria de quienes perdieron la vida en el incendio.

"La resolución judicial justifica esta ampliación en la complejidad del procedimiento y en la existencia de diligencias de investigación esenciales aún pendientes, necesarias para una correcta delimitación de responsabilidades", apunta el letrado que los representa al respecto.

A este respecto, destacan que "la magistrada subraya que el volumen de actuaciones practicadas, la pluralidad de investigados, testigos y periciales, así como la documentación administrativa analizada, hacen inviable cerrar la investigación sin completar las diligencias restantes".

Según los familiares, "la apertura de diligencias previas por presunta prevaricación administrativa supone un hito especialmente valorado por las familias a la hora de dirimir las posibles responsabilidades, incluidas las de carácter institucional". En la misma línea, destacan que "constituye un paso relevante en el esclarecimiento integral de los hechos, al permitir examinar si la actuación de la Administración municipal se ajustó o no a la legalidad y a las obligaciones que le corresponden en materia de control y protección de la seguridad ciudadana".

Cuando se cumplieron dos años de la trageida, los abogados que representan a los familiares de los fallecidos remarcaron a los periodistas que esa falta de investigación contra concejales, funcionarios y técnicos municipales es, para ellos, el punto negro de una instrucción ampliada entonces hasta el 1 de enero de 2026, y que ahora se prolongará hasta abril.