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Balance de criminalidad

La Región supera todos los registros de crímenes de la década

La Comunidad murciana es escenario en los nueve primeros meses de 2025 de 18 homicidios, una cifra que ningún año antes se había alcanzado, según los datos que maneja el Ministerio del Interior

Ramona, la madre adoptiva (izda.) e Isabel, la biológica, con la foto de la pequeña Nadia, asesinada por su padrastro en mayo.

Ramona, la madre adoptiva (izda.) e Isabel, la biológica, con la foto de la pequeña Nadia, asesinada por su padrastro en mayo. / Israel Sánchez

Ana Lucas

Ana Lucas

La Región de Murcia ha sido escenario, en los nueve primeros meses del año, de 18 homicidios dolosos y asesinatos consumados, según se refleja en el Balance de Criminalidad hecho público este lunes por el Ministerio del Interior.

Sin embargo, son más los crímenes acontecidos: ya hay una veintena, pero hay hechos que no aparecen en el informe del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska porque sucedieron en octubre. Sí constarán en el documento que el Ministerio elabore al finalizar 2025.

En 2024 constan 14 crímenes, en 2023 fueron 15 y en 2022 únicamente ocho, la cifra más baja

El primero de los asesinatos del año en la Región tuvo lugar en enero en un bajo de Torreagüera, en Murcia, donde se desplazó, pistola en mano, un hombre que acabó disparando y matando a la que había sido su suegra. El último de los crímenes, a falta de algo menos de un mes para que finalice el año, fue el que segó la vida de una joven de 19 años, asfixiada en su domicilio de Librilla a manos, presuntamente, de su novio.

Volviendo a los datos del Ministerio, en 2024 hubo en la Región 14 homicidios consumados, en 2023 fueron 15 y en 2022 solamente 8. Se trata esta de la cifra más baja de los informes que maneja Interior, que hace públicos los informes en su página web. En 2021, por otro lado, fueron 14 los crímenes en la Comunidad, en 2020 hubo 10 y el año antes del estallido de la pandemia ascendieron a 13.

La gran mayoría de los sospechosos son españoles y, al ser detenidos, admitieron a la Policía los delitos

En el caso de 2018, fueron 11 asesinatos, en 2017 se contabilizaron 14 y en 2016 fueron 12, misma cifra que en 2015.

La gran mayoría de los sospechosos de los crímenes acontecidos en lo que va de año en la Región son españoles y, al ser detenidos, admitieron a los investigadores ser los autores de los hechos que se les imputaban. Hay asesinatos sin resolver: el primero, el de Rosa, una vecina de 73 años hallada muerta en su casa de Archena en marzo, por el que la Guardia Civil indagó en su entorno.

La Guardia Civil trabaja junto al coche en el que apareció el cuerpo de un hombre en Lorca.

La Guardia Civil trabaja junto al coche en el que apareció el cuerpo de un hombre en Lorca. / Marcial Guillen (EFE)

Asimismo, falta por esclarecer quiénes fueron los siete atracadores que acribillaron a tiros al portero de un club de alterne en Lorca, mismo municipio que, en octubre, fue escenario de un doble asesinato sobre el que planeó la sombra de la mafia: primero tirotearon hasta la muerte a un vecino en la puerta de su casa en una zona forestal, poco después apareció un cadáver en el maletero de un turismo.

«El crimen organizado, especialmente las redes vinculadas al narcotráfico, es un motor directo de homicidios por ajustes de cuentas y control territorial», apunta David Caballo, decano del Colegio Profesional de Criminología de la Región de Murcia. A su juicio, la Comunidad vive ya «una violencia utilizada no por impulsos pasionales, sino como herramienta de control de negocios ilícitos, disuasión y castigo por deudas».

Muchos homicidios están relacionados con rupturas sentimentales o situaciones de maltrato no detectadas a tiempo

David Caballo

— Decano del Colegio Profesional de Criminología de la Región de Murcia

Caballo también pone el acento en «la desigualdad, la exclusión social y la vulnerabilidad juvenil, que constituyen el sustrato humano del fenómeno». «La Región presenta indicadores socioeconómicos preocupantes como altas tasas de pobreza y exclusión, que reducen el coste de oportunidad de incorporarse a economías ilegales», manifiesta al respecto.

Además, «la violencia machista y los crímenes de carácter doméstico siguen aportando víctimas a las estadísticas y han mostrado incrementos alarmantes en otros indicadores de violencia sexual», recalca el experto, que insiste en que «muchos homicidios están relacionados con rupturas sentimentales o situaciones de maltrato no detectadas a tiempo en el ámbito familiar, lo que exige políticas preventivas específicas».

Por otro lado, apunta que «las actuaciones policiales exitosas, como los desmantelamientos, detenciones e incautaciones, si no van acompañadas de una capacidad sostenida para sustituir o neutralizar las estructuras rotas, pueden abrir vacíos de poder que incentivan enfrentamientos por la toma de plazas». A este respecto, comenta que «la Región arrastra una carencia crítica de efectivos, con menos agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional por cada 100.000 habitantes en comparación con la media nacional».

En la misma línea se pronuncia Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región, que incide en que «suben los delitos más graves, contra la integridad de las personas y contra la libertad sexual». «Necesitamos que se incrementen las plantillas urgentemente para la lucha contra esta delincuencia», asevera.

Por su parte, Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho y profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia (UMU), remarca que el incremento de los crímenes es una cuestión «multifactorial». Y, como el criminólogo Caballo, alude a «la pobreza, la marginación social, el crimen organizado, que en determinados ámbitos ha podido crecer».

Se trata de «factores que interactúan entre sí», apostilla la profesora de la UMU. Además, está la lacra de «la violencia de género, que sigue teniendo unos índices intolerables», lamenta.

"Sensación de impunidad"

David Caballo también detalla que "desde el poder legislativo se apuesta más por la reforma penal que busca el aumento de las penas sin aplicar medidas preventivas efectivas".

"Mientras tanto, la sobrecarga y la dilación procesal en los juzgados, y la percepción (entre operadores y, potencialmente, entre delincuentes) de que las penas llegan tarde o se rebajan por demoras, erosionan la función disuasoria del sistema penal y pueden fomentar la sensación de impunidad relativa que facilita actuar con menor temor a la sanción", opina el decano del Colegio Profesional de Criminología.

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