Incautados casi 200 teléfonos en los últimos cinco años en las dos cárceles de la Región

Casi 200 teléfonos han sido incautados en las dos cárceles de la Región de Murcia en el último lustro, según los datos que maneja la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-UGT).

En concreto, fueron 193 los móviles descubiertos en los últimos cinco años en poder de los reclusos, tanto del penal de Sangonera, en Murcia, como de la prisión de Campos del Río, la más grande de la Comunidad. En el conjunto del país, «en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el número asciende a 12.882», detallaron desde el citado sindicato.

Tan solo en 2024, se decomisaron en los penales de España 2.884 dispositivos, de los cuales 49 fueron requisados en Campos del Río y siete en Sangonera.

Para las personas que están privadas de libertad, contar con un móvil supone una valiosa puerta de contacto con el exterior. Así que el tráfico de estos terminales, aunque se trate de los teléfonos más rudimentarios (y pequeños) del mercado, se ha convertido en un auténtico problema de seguridad dentro de las prisiones: es el origen de reyertas y extorsiones. Y esto no es nuevo, pasa desde siempre.

Carcaño y Ana Julia

El asunto de tener móviles tras los muros de la penitenciaría (lo cual está prohibido) se encuentra de actualidad, tras conocerse que Miguel Carcaño, condenado por el crimen de Marta del Castillo, tenía acceso a un móvil, a una tablet y a un ordenador con Wifi.

También recientemente, Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, hacía público que Ana Julia Quezada, la mujer condenada a prisión permanente revisable por matar a su hijo, contaba con un teléfono, el cual se investiga si habría obtenido a cambio de relaciones sexuales con funcionarios del penal.

Lo sucedido con estos presos mediáticos ha escandalizado a la opinión pública, al conocer los privilegios que pueden tener internos que cumplen su condena. Lo cual no significa que meter móviles en prisión sea algo novedoso: funcionarios de prisiones destinados en la Región llevan años requisando este tipo de aparatos.

¿Y cómo consiguen los reos estos terminales? O se los llevan o los meten ellos en la cárcel cuando regresan de uno de sus permisos, explican trabajadores del penal. En el primer caso (se los llevan), los responsables son sus propios familiares y amigos, que aprovechan una visita a solas (esto es, un vis a vis) para hacerles entrega de tan preciado objeto con el que luego pueden comunicarse. En el caso de las personas que salen de permiso y han de regresar a la cárcel, se las ingenian para esconder el teléfono en una de sus cavidades corporales (generalmente, en el esfínter).

Y es que se trata de terminales especialmente diminutos: algunos, del mismo tamaño que la capucha de un boli, tal y como se aprecia en las fotografías realizadas tras requisarlos. No son enormes teléfonos de última generación que llaman la atención: son aparatos básicos con los cuales se puede llamar o enviar un SMS. Algo que, para alguien privado de libertad, supone un mundo.

Desde Acaip-UGT ponen el acento en que «muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad». «El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia», destacan desde el sindicato.

Los funcionarios, subrayan, «deben hacer frente a esta realidad con medios claramente insuficientes», puesto que «los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados».

«Esto obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros», lamentan.

Además, «han surgido nuevos métodos de introducción que suponen una grave amenaza para la seguridad: los drones». «Su capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros», recalcan, aunque en la Comunidad, de momento, no se ha detectado que haya drones metiendo teléfonos tras los muros de la cárcel.

«Frente a este panorama, es urgente una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad. Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones», manifiestan desde el sindicato.

En este sentido, recalcan que «es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas».

«La seguridad en prisión es un prerrequisito para la aplicación efectiva de los programas de reinserción. La introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario», aseveran desde Acaip-UGT, al tiempo que apuntan que «la lucha contra esta amenaza debe ser una prioridad para la Administración», que ha de darles «más medios».