La familia de Sara Gómez considera "un insulto" la imputación de los ocho médicos del Santa Lucía

La familia de Sara Gómez, la mujer que murió en Año Nuevo de 2022 tras un mes en la UCI por una lipoescultura, no está conforme con el auto de procesamiento dictado por la jueza de Cartagena, la cual aboca al banquillo al cirujano que operó a la vecina de Alcantarilla, al anestesista y a ocho facultativos del Santa Lucía, donde la paciente acabó falleciendo, y considera "un insulto" la imputación de estos sanitarios y el hecho de que compartan banquillo con los que ellos creen que son los principales responsables del deceso.

Rubén Gómez, hermano de la difunta, tiene claro que los facultativos del hospital cartagenero (al cual fue llevada la paciente tras ser intervenida en un quirófano alquilado del Virgen de la Caridad) "trataron de salvarla" y apunta que, al haber una decena de investigados en la causa, la responsabilidad "se diluye".

"En nuestro escrito de acusación la palabra' dolo eventual' va a ir bien grande"

"Fueron ambiguos"

Estos médicos ahora imputados "no quisieron denunciar de oficio, a pesar de que se lo pedimos", destaca el hombre, en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Además, "fueron ambiguos cuando declararon como testigos", subraya. Desde su punto de vista, los sanitarios se verán en el banquillo porque son "víctimas de su propio corporativismo". "Trataron de echar un capote a sus colegas de profesión", aseveró.

Rubén Gómez insiste en que los principales responsables de la muerte de su hermana son el doctor que la operó "por acción" y el anestesista "por omisión". Por tanto, la familia anuncia que recurrirá el auto de procesamiento.

Pedirán dolo

"En nuestro escrito de acusación la palabra' dolo eventual' va a ir bien grande", afirma el hermano de la fallecida. Según concreta el Código Penal, el dolo homicida, en su modalidad de dolo eventual, se da en aquellas situaciones en las que el sujeto activo (en este caso, sería el cirujano que operó a la mujer) es consciente de que, con su conducta, crea un grave riesgo de que se produzca la muerte del sujeto pasivo (en este caso, Sara Gómez), pese a lo cual continúa con su acción.

De condenarse a alguien por esto, podría cumplir una pena de hasta quince años en prisión (por homicidio imprudente, que es por lo que se investiga al doctor y a sus colegas, un máximo de cuatro).

Tardanza en intervenir

Lo que sostiene la jueza instructora en el auto sobre estos médicos del Santa Lucía es que "se aprecia responsabilidad de los cirujanos que se encontraban de guardia los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2021 en el resultado del fallecimiento, toda vez que a partir del día 3 de diciembre aparecen indicadores de sepsis, con aumento de procalcitonina, y resultados de índice de amilasa en líquido abdominal, con signos de infección generalizada".

Pese a ello, a Sara Gómez no se le practica en el Santa Lucía la primera intervención con laparotomía exploradora "hasta el día 7 de diciembre de 2021", apostilla la jueza, que exonera a otros facultativos del mismo hospital, los que la atendieron el día 2, puesto que "en ese momento las analíticas no indicaban signos de sepsis o infección".

Desde que Sara Gómez expiró en el hospital cartagenero, tras su agonía de un mes, su familia, que cuenta con los servicios del conocido penalista Evaristo Llanos, mantiene una cruzada abierta para demostrar la responsabilidad del doctor en el deceso. La familia impulsó la conocida como 'ley Sara', que luego fue suspendida cautelarmente por parte de la Audiencia Nacional.