Investigación

Piden que el presunto asesino de la turista cosida a cuchilladas en Abanilla sea juzgado en Singapur

La normativa de la ciudad-Estado de la que procedían víctima y sospechoso incluye la pena de muerte para varios delitos, uno de ellos el homicidio

El acusado de coser a puñaladas a una mujer en Abanilla es conducido por la Guardia Civil a los juzgados de Cieza.

El acusado de coser a puñaladas a una mujer en Abanilla es conducido por la Guardia Civil a los juzgados de Cieza. / JUAN CARLOS CAVAL

Ana Lucas

Ana Lucas

Mitchell O., el hombre que se encuentra en prisión provisional en Murcia por, presuntamente, matar a cuchilladas a Audrey Fang en Abanilla en abril de 2024, podría ser extraditado a su país natal, Singapur. Así lo ha solicitado la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, mientras que la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima está conforme. La letrada María Jesús Ruiz de Castañeda Sancho, abogada de Mitchell O., se opone.

Si finalmente se confirma, el sospechoso, ahora en la cárcel de Sangonera, pasaría a a disposición de las autoridades competentes de Singapur «siendo extraditado, con todas las garantías personales y judiciales, que deberá proveer el Estado español así como el organismo competente a través de la embajada o consulado de Singapur, con la finalidad de que sea juzgado en su país natal».

La normativa de la ciudad-Estado de la que procedían víctima y sospechoso incluye la pena de muerte para varios delitos, uno de ellos el homicidio.

Ambos de Singapur, ambos turistas, ambos viajaban solos a lugares de la Comunidad Valenciana. Las cámaras captaron cómo él la recogió a ella en coche en la puerta de su hotel de Jávea. El cadáver de Audrey Fang, cosido a cuchilladas, sería descubierto horas después en un bancal de AbanillaDurante días, el cadáver estuvo en la morguesin que nadie supiese quién era.

María Jesús Ruiz de Castañeda opina que expulsar de España a su cliente "vulnera principios esenciales del Estado de Derecho y tratados internacionales suscritos por España", por lo que ha solicitado la suspensión inmediata de la orden de expulsión.

El sujeto "se encuentra inmerso en un procedimiento penal activo en España, donde debe ser juzgado con todas las garantías procesales", por lo que su expulsión "supondría una elusión inaceptable del proceso judicial español", opina la abogada, que incide en que "la expulsión sería contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, al principio de no devolución y a los compromisos asumidos por España contra la pena capital".

María Jesús Ruiz de Castañeda, abogada.

María Jesús Ruiz de Castañeda, abogada. / La Opinión

Expulsarlo de España supondría una “abdicación del deber de administrar Justicia en nuestro país y una violación flagrante de derechos humanos”, puesto que ""spaña no puede permitir que un ciudadano, aún no condenado, sea entregado a un sistema que no garantiza su vida ni su derecho a la defensa". "En juego está no solo su destino, sino la credibilidad del Estado español como garante de los derechos fundamentales", sentencia.

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