Juzgan a la doctora de Valencia por estafa a personas con daño medular

La sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia celebrará a partir del lunes el juicio contra la doctora en Medicina y Cirugía Almudena Ramón y contra su pareja, el empresario Eduardo R., por la presunta estafa a varios pacientes con lesiones medulares a los que sometieron a un tratamiento que no estaba autorizado.

Los hechos ocurrieron en una clínica de Valencia entre los años 2015 y 2017 cuando pacientes con lesión medular de toda España o familiares de estos recurrieron a Ramón y su socio y compañero sentimental tras atender al anuncio en su página web que prometía la regeneración del daño neural con una técnica revolucionaria.

Esta técnica consistía en el trasplante de células adultas de la glía envolvente olfatoria a la médula espinal, donde, según los acusados, reparaba ese daño hasta recuperar la sensibilidad e incluso la movilidad a personas postradas en una silla de ruedas o en una cama.

La Fiscalía mantiene que los encausados aprovecharon el prestigio de la médico —Ramón saltó a la fama mundial por sus avances en la recuperación de la movilidad en ratones parapléjicos a partir de células vivas adultas— para dar credibilidad a un tratamiento que, según la investigadora, le devolvería la movilidad a más de un centenar de pacientes, personas en "situación de gravedad y la vulnerabilidad", tal como remarca la Fiscalía.

Cuatro años de prisión

Los encausados, para los que el Ministerio Público solicita una pena de prisión de cuatro años por un delito continuado de estafa, le cobraron a sus víctimas entre 4.000 y 50.000 euros por un tratamiento de varias fases. Alguno de los pacientes llegó a desembolsar 150.000 euros y, obviamente, jamás recuperó ni la movilidad, ni la sensibilidad.

Ramón vendía la posibilidad de recibir un tratamiento para recuperar la movilidad en cuatro fases, aunque nadie pasó jamás de las dos primeras.

La primera fase era el diagnóstico para establecer la idoneidad del paciente para someterse al proceso. Y la segunda era la «terapia de activación medular» —simples masajes— donde se planificaba el uso de productos homeopáticos que no tenían la autorización de la Agencia Española del Medicamento. Ya solo con estas primeras fases los encausados lograban, respectivamente, entre 4.000 y 6.000 y 50.000, como mínimo, afirman los investigadores.

La tercera fase, a la que las víctimas nunca llegaron, implicaba realizar el trasplante celular para el que no tenían ni autorización, ni medios.

El Ministerio Público añade que los acusados se valieron de la situación de gravedad y la vulnerabilidad de los pacientes para someterlos a la primera fase del tratamiento, por la que los perjudicados desembolsaban a cantidad de dinero que se les pedía, para luego comunicarles que no eran aptos para pasar a la siguiente fase, pese a que desde el principio sabían que nunca podrían avanzar en el tratamiento por contar con la homologación necesaria para ser utilizada con humanos.