La fiscal pide internamiento semiabierto para el menor que conducía en el accidente de Alquerías en el que murió su amigo

La Fiscalía pide imponer dos años en un centro de internamiento en régimen semiabierto al menor que iba al volante del coche que se estrelló en marzo de 2024 en la localidad de Alquerías, en Murcia en un siniestro en el que murió uno de sus amigos, Alejandro, de 15 años. El Ministerio Público apunta que el acusado, de 14 años de edad en el momento del accidente, llegó a ir a 127 kilómetros por hora, tal y como reveló el informe de Atestados de la Policía Local de Murcia.

En la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso La Opinión, la representante de la acusación pública considera que el chico es autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones (por las causadas al tercer adolescente que iba en el automóvil), conducción temeraria, conducción por exceso de velocidad y conducción de vehículos a motor sin permiso (dado que, por su edad, no podía obtenerlo). 

Además de los dos años en el centro (el último mes, de libertad vigilada), la fiscal le impone al joven la prohibición de sacarse el carné durante cuatro años. 

Alejandro falleció en el acto y el tercer adolescente sufre estrés postraumático y trastornos neuróticos

El Ministerio Público tiene claro que el turismo «voló» y subraya que los pasajeros dijeron a su amigo que frenase. El relato de la fiscal se fija en «la impericia» del menor al volante y en el exceso de velocidad, lo cual dio lugar a que perdiese «el control del vehículo, a la altura del camino Carcanox 131, invadiendo el sentido contrario de circulación, hasta salirse de la vía por la izquierda». 

«Chocó con la bionda de la vía, colisionando unos 42 metros después del primer impacto, levemente con otro turismo. El vehículo continuó sin control sobrevolando la acequia existente impactando con el muro de ésta y, continuando un vuelo de 14,5 metros hasta caer a una parcela agrícola describiendo un tiro horizontal, y provoca un vuelco de campana hasta impactar con el suelo quedando atrapado Alejandro», va desgranando la fiscal. Los otros dos menores pudieron salir del coche siniestrado por sus propios medios y llamaron a Emergencias.

La familia del chico fallecido solicita que el conductor ingrese en un centro en régimen cerrado

Al abuelo del chico (el adulto al que robaron el coche aquella noche fatal), el Consorcio «con la responsabilidad civil directa, le indemnizará con 26.650,00 euros con los intereses legales; alternativamente, la aseguradora con la responsabilidad civil directa y el menor, con la responsabilidad civil solidaria de su madre, indemnizarán al perjudicado con el mismo importe», detalla el documento del Ministerio Público, que concreta que «el resto de las indemnizaciones que se deriven podrán ser reclamadas por los perjudicados a través de sus representaciones procesales». 

Lo que pide la familia

Por su parte, Valentín Fernández, el abogado que defiende los intereses de la familia de Alejandro, pide, al igual que la fiscal, que el joven pase dos años en un centro, pero quiere que sea en internamiento en régimen cerrado. 

Al listado de delitos que se imputan al menor, la acusación particular añade otro: robo de uso de vehículo a motor.

En cuanto a las indemnizaciones, pide para el padre de Alejandro 86.978 euros y para cada uno de los dos hermanos del adolescente, 25.203 euros, misma cantidad que considera que han de recibir el abuelo y la abuela materna del chico (la madre falleció). En total, el abogado pide 187.793 euros en concepto de indemnización y estima que los tiene que abonar la compañía de seguros. 

«Los hechos deben tener una respuesta ejemplar para que los menores comprendan que sus acciones tienen consecuencias y evitar que se repitan en el futuro», subraya Valentín Fernández. 

En cuanto al otro adolescente que viajaba en el turismo, sufrió una contusión craneal y tratamiento en Salud Mental. Padece consecuencias, en concreto, desgrana la fiscal, en el «sistema nervioso, psiquiatría, trastornos neuróticos y secuelas derivadas del estrés postraumático», se lee en la calificación fiscal.