Hacinados en un zulo de 9 metros cuadrados: cae una red con tentáculos en la Región que tenía a migrantes en condiciones infrahumanas

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Zaragoza una organización criminal internacional, con tentáculos en la Región de Murcia, dedicada, presuntamente, a facilitar la regulación ilegal de ciudadanos argelinos. Han sido detenidas 30 personas, 28 de ellas en Zaragoza, una en Huesca y otra en San Sebastián, de las cuales seis han ingresado en prisión.

Según ha informado este martes el Cuerpo en un comunicado, el entramado alojaba a los migrantes en un zulo de nueve metros cuadrados, ubicado en la ciudad de Zaragoza, en el que vivían en condiciones infrahumanas, permaneciendo allí hasta que los criminales les facilitaban un pack de regularización completa --la documentación necesaria-- por el que cobraban entre 10.000 y 15.000 euros.

Los migrantes, que llegaban a España en patera desde Argelia, presentaban empadronamientos, contratos de trabajo o cursos de formación fraudulentos con los que solicitaban permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales. También solicitaban permisos de residencia de familiar comunitario mediante uniones civiles ficticias.

La organización criminal contaba con nexos de unión directos con la llegada de pateras a las costas españolas desde Argelia, siendo una fuente directa de "clientes-migrantes". En España, la red estaba asentada en la provincia de Zaragoza --donde los agentes identificaron a sus líderes-- pero también tenía ramificaciones en otras provincias como Alicante, Murcia, Huesca y Guipúzcoa.

Asimismo, disponía de una amplia red de colaboradores e intermediarios encargados de realizar empadronamientos fraudulentos en los domicilios y formalizar contratos de trabajo falsos en empresas para, reuniendo así los requisitos exigidos, poder presentar las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales en sus diferentes variantes.

Colaboradores en Francia

El entramado también contaba con colaboradores en Francia, los cuales proporcionaban clientes asentados en dicho país que buscaban arreglar su situación administrativa en España, facilitándoles poder gestionar la solicitud de permisos de residencia españoles sin necesidad de moverse del territorio francés. Esto lo lograban mediante el envío de fotocopias de sus pasaportes, empadronamientos a distancia, apertura de cuentas bancarias y justificantes médicos, entre otros.

La investigación policial se inició tras ser detectado un incremento inusual de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales de ciudadanos argelinos y en las que se habían presentado diferentes documentos falsos para la tramitación de las mismas.

Los agentes descubrieron una red criminal internacional establecida en España, con integrantes coordinados en diferentes escalones de jerarquía y especializada en la captación de ciudadanos de Argelia, a quienes una vez introducidos en territorio nacional de manera irregular, se les gestionaba todos los trámites necesarios para iniciar su regularización.

30 detenidos

El operativo culminó con la detención de un total de 30 personas de diferentes nacionalidades, decretándose el ingreso en prisión de los seis principales investigados, entre los que se encuentran los cabecillas de la organización. Del mismo modo, los agentes llevaron a cabo siete entradas y registros en la provincia de Zaragoza, donde incautaron diversa documentación falsa y varios pasaportes argelinos.

El entramado se estructuraba de forma jerarquizada, desempeñando cada integrante una labor concreta, tanto en la búsqueda de clientes a los que empadronar, como domicilios donde realizar este extremo, empresas con las que obtener contratos de trabajo o parejas con las que realizar las uniones civiles fraudulentas.

Para ello, la organización solicitaba el pago de cantidades económicas que variaban entre los 600 y 900 euros por realizar un empadronamiento, entre 3.000 y 10.000 euros por un contrato fraudulento, entre 2.000 y 6.000 euros por una unión civil ficticia o 200 euros por el transporte de documentación.

La elaboración de empadronamientos fraudulentos se realizaba mediante el método de 'look-alike' por el que la organización conseguía individuos que se parecían físicamente a las personas a empadronar, sin la necesidad de que la persona se encontrara realmente en el municipio del domicilio objeto de empadronamiento, o incluso en territorio español.

Los migrantes argelinos eran plenos conocedores de que a su llegada se iniciarían los trámites para su regularización, motivo por el cual facilitaban sus pasaportes originales de Argelia para que el entramado delictivo, a través de sus colaboradores, realizaran el traslado de esos pasaportes hasta territorio nacional.