El Defensor del Pueblo recuerda al Ayuntamiento de Cartagena que el sexismo en los marrajos puede ser anticonstitucional

El Defensor del Pueblo pidió al Ayuntamiento de Cartagena información tras recibir una queja relativa a la exclusión de dos mujeres, madre e hija, de la Agrupación de Granaderos de la Cofradía Marraja, un asunto que también investiga el Ministerio de Igualdad. En su informe de este martes, Ángel Gabilondo incluye esta situación, y puntualiza que esta discriminación por razón de sexo podría ser incluso anticonstitucional.

Tal y como se detalla en el documento, la institución solicitó información al Consistorio que dirige la popular Noelia Arroyo «al objeto de conocer la compatibilidad de esta actuación con la doctrina constitucional, que establece que, si bien una asociación privada ostenta el derecho a elegir libremente a quien asocia, esta facultad no puede suponer una discriminación por razón de género, cuando la asociación ostente una posición ‘privilegiada’ o ‘dominante’ en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera que la no pertenencia a dicha asociación suponga un quebranto objetivo de los intereses de las mujeres en dichos ámbitos». 

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Al igual que no han respondido al Ministerio de Ana Redondo, desde el Ayuntamiento de la ciudad portuaria tampoco han contestado todavía a Gabilondo, que, no obstante, no tiene intención de dejar pasar el tema: «Se dará cuenta en el próximo informe anual de la respuesta que se reciba», precisa al término de la referencia a este asunto.

Los granaderos representan a los soldados de Infantería de Marina de guarnición en Cartagena a finales del siglo XVIII. Los responsables de la cofradía se escudan en que hace tres siglos no desfilaban mujeres para excluirlas aún. Aunque la madre afectada tiene en su haber fotos que demuestran que en desfiles de hace años (por ejemplo, en 1982) sí salieron mujeres en la Agrupación.  

Estas dos mujeres lo solicitaron, porque tenían ilusión de desfilar en el tercio de granaderos, pero su petición cayó en saco roto. Entonces recurrieron al Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena (que no les dio la razón), luego al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Igualdad. Y estos dos últimos organismos movieron ficha. Y preguntaron a la Cofradía Marraja y al Consistorio qué estaba pasando. Sin respuesta.

El Consistorio de Arroyo indicó este martes a este diario que no hay novedad que decir sobre este asunto.