Un asesor laboral de Murcia cobraba entre 3.000 y 9.000 euros a migrantes por darles de alta de manera ilícita

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad española que, presuntamente, cobraba entre 3.000 y 9.000 euros a migrantes sin papeles por darles de alta en la Seguridad Social de manera ilícita. A la vez, los investigadores han arrestado a 54 personas extranjeras que recurrieron a los servicios de este individuo ante la desesperación de conseguir regularizar su situación en España.

Tal y como informa el cuerpo en un comunicado, se investiga la existencia de los delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida y estafa, "al estar involucrados en un entramado criminal donde se daban de alta ilícitamente tras realizar un pago previo para conseguir regularizar su situación en territorio español".

"Confianza y capacidad de maniobra"

La investigación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, arrancó a principios del año 2024, cuando los agentes estrecharon el cerco sobre "un varón que desarrollaba funciones de asesor laboral para empresas agrícolas". El presunto cabecilla.

"Aprovechándose de su posición de confianza y amplia capacidad de maniobra en estas empresas, el asesor laboral dio de alta a ciudadanos extranjeros ilícitamente en el régimen de la Seguridad Social a cambio de dinero, sin que los dueños de las empresas tuvieran conocimiento de ello, con el fin de conseguir regularizar su situación en el país, facilitar la renovaciones de sus permisos de residencia así como poder obtener prestaciones públicas por desempleo sin haber desempeñado trabajo alguno", detalla el cuerpo. 

28.000 euros en ayudas

La Policía explica que "nueve de estos supuestos trabajadores, que no llegaron nunca a desempeñar ningún tipo de actividad laboral en las empresas agrícolas donde eran dados de alta, llegaron a recibir hasta 28.300 euros por la concesión de prestaciones públicas". 

El asesor laboral, además, "se había apropiado de casi 40.000 euros que las empresas que gestionaban las fincas agrícolas tenían que realizar en pagos a la Tesorería de la Seguridad Social o a la Agencia Tributaria".

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Se ha comunicado la existencia al entramado "a las instituciones pertinentes para la extinción de las autorizaciones de residencia obtenidas fraudulentamente por parte de las personas beneficiadas", destaca la Policía.