Más de 90% de las sentencias de violencia machista en la Región son por conformidad

El 62,9% del total de las sentencias que se dictaron en un año en los juzgados y tribunales de la Comunidad murciana fueron pactadas. La Memoria de la Fiscalía Superior de la Región de 2024 (que incluye datos de 2023) refleja que ese año se redactaron 9.153 sentencias (en 2022 fueron 10.299) y que «las dictadas en diligencias urgentes (5.766) son por conformidades, existiendo un aumento de un 2,1%» respecto al año anterior. 

En algunas secciones, los pactos suponen prácticamente el cien por cien de las resoluciones. Es el caso del área de seguridad vial. El fiscal delegado, Pablo Lanzarote, detalla en la citada Memoria que «es de significar nuevamente el importante volumen de sentencias de conformidad dictadas en las causas seguidas por delitos contra la seguridad vial al representar el 92,52% (3.071) del total de sentencias dictadas (3.319), muy similar a los porcentajes de años anteriores, siendo las absolutorias en número insignificantes para el cómputo global (según el programa informático solo 11)».

Muchas personas pactan porque quieren que pase rápido y evitar otro calvario judicial

En el caso de la jurisdicción de Menores, el 94% de las sentencias dictadas en un año fueron pactadas. En la Ciudad de la Justicia de Murcia hay dos juzgados destinados a recibir a encausados que no han cumplido la mayoría de edad. Entre los dos se dictaron en 2023 «un total de 476 sentencias firmes, de las cuales 447 fueron de conformidad y 29 de no conformidad», destaca la Memoria del Ministerio Público de 2024.

En cuanto a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Región, dictaron en un año 1.452 sentencias condenatorias, «siendo por conformidad 1.354 y 98 sin conformidad», apunta la fiscal delegada, Concepción López. Esto es, más de un 93% de las resoluciones en materia de violencia machista acabaron en acuerdo. ¿Y qué pactan los maltratadores que lo admiten? En su gran mayoría, hacer trabajos comunitarios.

Entender y respetar

El caso del individuo que violó a una trabajadora en una furgoneta en una finca de Yéchar y no pisaba la cárcel a cambio de hacer un curso y dar 6.000 euros a su víctima, y que publicó en primicia este diario, escandalizaba a la opinión pública en el verano de 2022. En aquel caso, la víctima estaba conforme con la resolución judicial.

Entonces, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, hacía un llamamiento a la sociedad a «entender y respetar» la decisión de una víctima «que no quiere volver a pasar por el calvario» sufrido a lo largo de un procedimiento judicial lento. Así, invitaba a no juzgarla, sino a centrarse en pensar qué cambios son precisos para que no se produzcan episodios que parecen tan incomprensibles.

Admite ante el juez en Cartagena que intentó forzar a un menor y acabó echándole gas pimienta en los ojos

Pasaba algo parecido con un vecino de Los Barreros, en Cartagena, que reconoció en sede judicial haber intentado violar a su ex y haberle dado una paliza, en el transcurso de la cual la mujer llegó a golpearse con una bombona de butano. Tampoco entraba en prisión, pese a contar con antecedentes por violencia machista: había sido condenado tres años atrás por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Cartagena por un delito de lesiones.

El problema, apuntan los expertos, es que casos así mandan un mensaje muy potente de impunidad a la sociedad, que puede llegar a pensar que maltratar o violar sale barato. O gratis.