Un testigo dice que el exconsejero Juan Carlos Ruiz presionó al INFO para contratar con la Púnica

El que fuera consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia en 2014, Juan Carlos Ruiz, investigado en la rama murciana de la operación Púnica, presionó para que el Instituto de Fomento (INFO), dependiente de su departamento, contratara servicios de posicionamiento online con las empresas de la trama, pero no llegaron a materializarse por la oposición categórica de uno de los jefes de servicio del organismo.

La negativa a contratar con la trama partió del entonces jefe de Gabinete de la directora del INFO, Reyes Samper, Ignacio Cóbreces, que ha declarado este martes como testigo en la Audiencia Nacional, donde se está investigando si el ex consejero encargó a las empresas Eico y Madiva, del acusado Alejandro de Pedro, servicios de mejora de su reputación online que supuestamente habría financiado a través de contratos fraudulentos con el Instituto de Turismo.

Según ha relatado Cóbreces en su declaración, De Pedro presentó al INFO en julio de 2014 un proyecto para mejorar la visibilidad de ese organismo público en las redes sociales a través de la empresa Madiva, pero nunca se llegó a avanzar en un posible contrato porque este técnico, que ocupaba su cargo en base a un contrato laboral, lo consideró en todo momento "inútil, innecesario e incluso absurdo".

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Según ha explicado al juez, el INFO tenía ya en esas fechas una larga trayectoria de cuatro décadas de trabajo en la Región de Murcia, era conocida por todas las empresas con sede en la comunidad autónoma y tenía contacto con todas ellas, por lo que "no necesitaba ningún posicionamiento".

Además, el jefe de Gabinete buscó información sobre las empresas de De Pedro y alertó a la directora del ente de que no le parecían compañías solventes ni experimentadas a la luz de la escasa información sobre las mismas.

No obstante, en una "conversación de pasillo", Reyes Samper le indicó que había que hacer ese contrato "sí o sí", según ha relatado, y más tarde, en octubre de 2014, mantuvieron ambos una reunión en la que Samper le insistió en que el consejero quería "ver lo de Madiva" y le pidió como "favor" que impulsara el contrato, pero el trabajador le advirtió de que esa petición podía ser "incluso ilegal".

El testigo ha relatado que a finales de ese mes puso por escrito todas la fechas de reuniones mantenidas sobre este asunto y el contenido de las mismas "para no olvidarlo", y ha reiterado en diversas ocasiones que nunca se llegó a iniciar la licitación de este contrato, a diferencia de lo ocurrido en el Instituto de Turismo, también dependiente de la misma Consejería y que sí que llegó a adjudicar un contrato de posicionamiento online a la empresa Eico.

Las dos empresas, ambas propiedad del empresario considerado cabecilla de esta rama murciana de la trama, Alejandro de Pedro, funcionaban en paralelo, compartían la misma sede e incluso parte del equipo directivo, aunque societariamente fueran dos compañías, según el relato de otro de los testigos de la sesión de hoy, Borja Jordán, que realizaba trabajos de asesoramiento financiero, gestión económica y tesorería para las dos mercantiles.

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Según ha explicado, Eico era una empresa "pequeña pero que tenía un gran crecimiento" porque sus servicios de posicionamiento online eran muy novedosos en esos años, incluso "pioneros", por lo que era contratada incluso por grandes compañías como Telefónica o el Real Madrid, lo que se ofrecía como garantía a la hora de solicitar financiación a los bancos.

Para posicionar en los primeros puestos de los buscadores de internet a sus clientes, una de las herramientas utilizadas por Eico era la creación de diarios digitales y blogs, una tarea que desempeñaba la empresa Madiva.

Su jefe de redacción, Cesar Marín, también testigo en la sesión de hoy, ha explicado que gestionaba "una brutalidad" de esos portales, por lo que no todos ellos estaban activos a la vez, sino que se generaban contenidos en los que tenían un cliente en curso principalmente.

Cada una de esas cabeceras, o un grupo de ellas, tenían al frente a un periodista que se encargaba de "nutrirlas" de noticias de todo tipo, entre las que se incluían las informaciones facilitadas por gabinetes de prensa de las instituciones o empresas que habían contratado un servicio, que establecían un número mínimo de publicaciones positivas.

Así, se generaban noticias que luego se publicaban en varios de los diarios de la empresa y también en las redes sociales, con el objetivo de darles mucha difusión y, de esa manera, ocupaban los primeros puestos en los buscadores, desplazando a posiciones más relegadas otras posibles noticias negativas.

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Las redes sociales gestionadas por Madiva, ha dicho, superaban en su conjunto el millón de usuarios, al tiempo que ha defendido que para mejorar la visibilidad de una institución, era habitual mejorar también la imagen del cargo público que la representa, puesto que el objetivo era "mejorar el posicionamiento global" trabajando todas las vertientes.

En la Región de Murcia, según ha señalado, se estudió abrir uno de esos medios digitales en Molina de Segura y se llegó a poner en funcionamiento otro en Cartagena.

El periodista que nutría ese último diario ha explicado también en la sesión de hoy que tenía "un manual" con las directrices sobre lo que debía publicar en el blog, entre las que se incluía publicar semanalmente un determinado número de noticias facilitadas por el gabinete de prensa del Ayuntamiento de la ciudad.

Este profesional ha explicado que en septiembre de 2014 publicó una información relacionada con la investigación abierta a la entonces alcaldesa, Pilar Barreiro, en el marco de la operación Novo Carthago, lo que conllevó una llamada de César Marín exigiendo la retirada de esa noticia y, un par de semanas después, fue despedido sin recibir más explicaciones.

En la sesión de hoy han declarado además dos periodistas a las que Madiva ofreció empleo en este diario de Cartagena y en el de Molina de Segura, aunque no llegaron a ser contratadas, y también la que fuera concejala de Turismo de Cartagena en 2014, Carolina Palazón, que ha insistido en que nunca contrató servicios con Madiva, aunque en la causa figuran diferentes facturas de esa compañía que ella misma firmó.