Fingía ser policía judicial en Murcia y estafó 90.000 euros a sus víctimas: les dijo que quitaba multas y anulaba embargos

Decía que, como era policía judicial, quitaba multas y evitaba embargos y, seducidas por esta posibilidad, sus víctimas cayeron en la trampa. Era todo mentira. Ella admitió en sede judicial lo que hizo y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha emitido una nota este jueves para informar de la sentencia, que es firme y fue dictada in voce en la misma sala.

La Sección 2 de la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a esta mujer a dos años de prisión como autora de un delito continuado de estafa agravada y un delito continuado de hurto. La encausada, que se hacía pasar por policía judicial para cometer estos delitos con impunidad, tendrá que indemnizar a los perjudicados con más de 90.000 euros, el dinero que ha admitido que consiguió con sus acciones, indica el TSJ en la citada nota.

Se ganó la confianza

"Tal y como reconoció la acusada en la vista oral, entre 2013 y 2014 logró ganarse la confianza de varias personas con promesas de adquisiciones en subastas judiciales, anular multas, evitar embargos o conseguir empleo en instituciones públicas. Mediante estos engaños, un total de 17 víctimas le entregaron importantes sumas de dinero y bienes de valor, incluidos enseres y joyas", prosigue el comunicado.

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No hubo como tal: se saldó con una conformidad, en función de la cual se modificaban (a la baja) las penas solicitadas por la Fiscalía a priori. El Ministerio Público "tras la declaración de la acusada y la incorporación de las pruebas documentales, modificó su escrito de conclusiones provisionales, a lo que se adhirió la acusación particular. Y a la vista de la petición de penas efectuada, aceptada por la defensa, el tribunal apreció la agravante de reincidencia en el delito de hurto y la atenuante de dilaciones indebidas", detalla el tribunal.

Aunque la mujer fue condenada a pena de cárcel, se le concede el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad con la condición de que no delinca en un lustro y abone las indemnizaciones a sus víctimas.