Familiares de las víctimas del fuego en Atalayas piden a la jueza que investigue “la supuesta acción corrupta” del Ayuntamiento

Familiares de las víctimas del incendio en Atalayas, cuya representación ejerce el abogado Jose Manuel Muñoz, han presentado un escrito pidiendo al juez que abra una pieza separada que investigue la responsabilidad civil y una supuesta acción corrupta por parte del Ayuntamiento de Murcia en la tragedia que causó la muerte de trece personas.

Para el abogado de los familiares, "existen suficientes indicios en las actuaciones del Ayuntamiento de Murcia que necesariamente exigen una investigación dentro de las diligencias de investigación que se siguen en el presente Juzgado, a fin de determinar el carácter delictivo o no de tales indicios".

En el escrito del letrado se exponen las siguientes razones por las que los familiares de las víctimas quieren que se investigue al Gobierno municipal:

• La existencia de una orden de clausura y cierre que no ha sido ejecutada desde el 11 de octubre de 2022, por lo que el local ha estado funcionando más de un año sin licencia e incumpliendo la orden de cierre, con el peligro que ello conlleva.
• La orden era de cierre y precinto, que se ordena cuando por el funcionamiento se puede producir un daño o existe un riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud de las personas.
• Los responsables municipales no han justificado la causa por la que no se ejecutó la orden de 11 de octubre de 2022.
• Tan solo dos días después de acordar la revisión de los expedientes del resto de locales de ocio nocturno, el Ayuntamiento ha procedido a ejecutar el cierre y precinto de siete locales que también tenían la orden de cese de actividad y tampoco habían sido ejecutadas.

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El cierre de otras tantas salas de fiesta después del incidente indica que "no estamos ante un caso aislado, sino ante una estructura municipal que no ejecutaba las ordenes de cierre. El juzgado tiene que investigar la relación de tales conductas omisivas con el hecho fatal acontecido", expone la acusación.

Los familiares piden que se investigue no solo la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Murcia, sino que consideran que el juez "debe de investigar la influencia y repercusión que han tenido las omisiones de los órganos municipales en tales hechos". Así, acusan al Consistorio de una "supuesta actuación corrupta que debe de ser objeto de investigación".

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"La corrupción no solo produce beneficios para los que intervienen en ella, sino que, a veces también produce muertes de inocentes", lamentan. Por ello, los familiares estiman que la sanción que pudiera derivarse al Ayuntamiento en el ámbito administrativo "resulta insuficiente", puesto que los hechos, en atención al fatal resultado acaecido, "son susceptibles de ser tipificados como delito".

La acusación entiende que "la prevaricación por omisión debe de ser investigada en las presentes diligencias, puesto que necesariamente hay que investigar para determinar o no su vinculación con los hechos acontecidos".

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En el escrito, el abogado también expone "el peligro de la alteración y modificación de los expedientes administrativos", por lo que solicita "tomar medidas de custodia y en su caso, restitui la documentación alterada".

Además, la acusación pide al Juzgado que se le haga entrega del expediente administrativo, pues tiene constancia de que, "a pesar de existir el secreto de sumario, hay personas que ya lo tienen, como ha quedado acreditado en el pleno realizado el día 25 de octubre en el que el Ayuntamiento acordó constituir una Comisión de Investigación, en el que se observa como firmando un documento de confidencialidad, determinadas personas ya tienen conocimiento del expediente".

Sobre dicha Comisión de Investigación, señalan que la jueza "debe de estar alerta", puesto que "parece que van a formar parte de la misma personas que pudieran tener responsabilidad en los hechos, con lo paradójico que eso supone".

Por último, las familias de los fallecidos solicitan que proceda a la apertura de otra pieza separada para el establecimiento de la medida cautelar consistente en el abono de una pensión por parte de las aseguradas para cubrir y hacer frente a las necesidades inmediatas de las personas dependientes de los fallecidos en el incendio.