Policial

Desarticulan a un grupo criminal que explotaba a inmigrantes ilegales en Murcia

Los detenidos se aprovechaban de la situación irregular de las victimas, obligándoles a trabajar 60 horas semanales por sueldos entre 300 y 400 euros

Un funcionario de la UCRIF trabajando en un caso.

Un funcionario de la UCRIF trabajando en un caso. / La Opinión

Juan Fernández

La Policía Nacional ha procedido a la detención de seis personas de origen español y sudamericano de entre 27 y 42 años en Murcia y Alicante por un supuesto delito contra el derecho de los trabajadores y otro de pertenencia a grupo criminal.

Según fuentes policiales, los investigados captaban a inmigrantes que carecían de permiso de residencia y trabajo en España y los explotaban para realizar entregas de reparto de paquetería en Murcia y Alicante.

Los detenidos, según informa el cuerpo de policía, se aprovechaban de las condiciones de necesidad de los inmigrantes en situación irregular para someterles a determinadas condiciones laborales o de la Seguridad Social contrapuestas a los derechos de los trabajadores. Entre esas condiciones se encuentra, por ejemplo, obligarles a trabajar 60 horas semanales por sueldos que oscilan entre los 300 y 400 euros mensuales.

Los funcionarios adscritos a la Brigada Provincial de la Unidad Contra Redes De Inmigración Y Falsedades Documentales (UCRIF) han sido los encargados de arrestas a este grupo criminal que utilizaba el engaño para manipular la realidad de las condiciones en las que iban a trabajar las personas que captaban y así incentivar la aceptación por error de los empleados de dicha oferta de trabajo.

Entre las condiciones abusivas que ha registrado la Policía Nacional se encuentran jornadas de 12 horas sin descanso en las que las víctimas eran obligadas a repartir a pie o en vehículo, en ocasiones careciendo de carnet de conducir o bien no homologado en España, incumplimiento de condiciones laborales pactadas que no se respetaban, impago de salarios o parte de ellos, no ser dados de alta en la Tesorería de la Seguridad Social o no hacerles contrato laboral.

Los miembros del grupo criminal aprovechaban que los explotados se encontraban en una clara indefensión al carecer de permiso de residencia y trabajo así como de alta en la Seguridad Social, aspectos que dificultarían su intención de denunciar los hechos ocurridos.

Los detenidos formaban, según fuentes policiales, un grupo claramente organizado y jerarquizado con un reparto claro de roles: primero estaban los directivos o administradores de la empresa, otros individuos se encargaban de la captación de las víctimas por anuncios en portales de internet o a través del boca a boca, una mujer era la que gestionaba directamente las rutas de reparto con vehículo con los trabajadores a sabiendas de que no tenían permiso de conducir y, por último, había una responsable del pago de salarios parciales o directamente inexistentes utilizando para ello múltiples excusas.

Los investigadores de este caso tendrían indicios de que esta organización delictiva estaría aprovechándose de ciudadanos inmigrantes desde hace más de un año, llegando a contabilizar un total de trece personas damnificadas.