TRAGEDIA EN ALGECIRAS

El fiscal de Algeciras avisa de que el trastorno mental no exime del acto terrorista

El hecho de que el joven detenido tuviera en Marruecos antedentes por problemas psiquiátricos no es incompatible, advierte el ministerio público, con un acto terrorista planificado contra la iglesia católica

Una mujer sostiene una cartulina con un lema defendiendo el islam, en el sitio donde un hombre de origen marroquí asesinó al sacristán Diego Valencia de la iglesia de la Palma en Algeciras (Cádiz). /

Una mujer sostiene una cartulina con un lema defendiendo el islam, en el sitio donde un hombre de origen marroquí asesinó al sacristán Diego Valencia de la iglesia de la Palma en Algeciras (Cádiz). /

Isabel Morillo / Cristina Gallardo

La Fiscalía advierte que el hecho de que el detenido por el asesinato de un sacristán en Algeciras y la agresión a otras cuatro personas tuviera problemas mentales no exime de que la naturaleza de lo que ocurrió fuera un acto terrorista. En ese sentido se ha pronunciado con claridad el fiscal jefe de Algeciras, Jesús Cisneros, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE. Aún un examen psiquiátrico forense deberá determinar si el detenido actuó con facultades mentales perturbadas o tenía trastornos previos, como se apunta cada vez con más claridad desde la investigación. Sin embargo, aunque tuviera “sus facultades totalmente anuladas o parcialmente alteradas”, no exime de un presunto delito de terrorismo, apuntó Cisneros. “Precisamente el hecho de que no estuviera en plenitud de condiciones”, si eso se determina, puede que lo hiciera “más vulnerable a los proceso de radicalización”, al convertirlo en una persona “más manipulable y más fácil de dirigir en una determinada dirección”, señaló el fiscal jefe de Algeciras.

La investigación es aún muy incipiente y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en que “todas las hipótesis están abiertas”. El asesinato del sacristán de la Iglesia de La Palma en Algeciras, Diego Valencia, y la agresión al sacerdote salesiano Antonio Rodríguez Lucena, el pasado miércoles alrededor de las ocho de la tarde se está investigando como un hecho de naturaleza terrorista. La Audiencia Nacional lo vincula a un acto relacionado con el “yihadismo salafista”. Sin embargo, el trabajo sobre el terreno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado abundan en otras hipótesis.

Fuentes de Interior insistieron en que el perfil del detenido, un joven magrebí de 25 años de nombre Yassine Kanjaa, no responde al clásico del yihadista y que no estaba en el rádar de los servicios nacionales por radicalización, tampoco en el de otros países aliados. La investigación policial apunta a que se radicalizó de forma exprés por las redes sociales. El registro de su móvil y de la vivienda apareció propaganda radical islámica, aunque con contenidos “muy infantiles”, apuntan los investigadores. Fueron localizados cinco memorias USB que se están analizando.

El detenido, que tenía una orden de expulsión desde el pasado junio y que ya había sido deportado a Marruecos por Gibraltar en 2019, tras alcanzar la costa en moto de agua, debe ser examinado para determinar si tenía antecedentes por trastornos mentales, como al parecer han confirmado las autoridades marroquíes. Sus compañeros del ‘piso patera’ donde residía a escasos 250 metros de donde se cometió el crimen han ido narrando como el joven había cambiado su personalidad y pasó de consumir drogas a convertirse en una persona ultrarreligiosa que amenazaba al resto de compañeros y con quien la convivencia era imposible. La comunidad islámica aseguró que era un chico que “no estaba en sus cabales” y ya había tenido que ser expulsado de una mezquita por la radicalidad de su comportamiento.

Planificación sin apoyo

El fiscal jefe de Algeciras explicó que aunque haya actuado en solitario, como parece que indican todas las investigaciones, sin vínculos con otras personas, sin que nadie de forma externa le haya ayudado a planificar los hechos o sin apoyarse en una célula islamista radical, podría seguir siendo un atentado terrorista. Cisneros, que no es el fiscal del caso, que corresponde a la Audiencia Nacional, pero sí está sobre el terreno, sostiene que “el hecho de que haya actuado en solitario no quita que se pueda clasificar este atentado como terrorista”, algo que determinan “las motivaciones y los hechos”. La víctima, que esta tarde recibirá sepultura, era seglar, el sacristán de la Iglesia, pero todo apunta que fue confundido con quien era el auténtico objetivo, el sacerdote de la Iglesia de la Palma. Éste, cuando acabó la misa, se marchó rápido a la parte de atrás de la iglesia y fue la víctima quien se quedó recogiendo el altar. “El asesinado no era sacerdote pero está claro que eso fue un error”, sostuvo en TVE el fiscal jefe de Algeciras, convencido de que el detenido acudió buscando al sacerdote. “Su motivación era la de atentar contra la religión cristiana siguiendo unas consignas, que ya se verá de donde le venían y que él creía haber recibido”, explicó Cisneros.

La Policía debe también determinar el grado de planificación de lo ocurrido para fijar la naturaleza del ataque. El hecho de los objetivos hayan sido religiosos y el detenido profiriera gritos en defensa de Alá en dos iglesias, profanando un Evangelio, el altar y distintas imágenes de santos, inciden en la naturaleza de un acto contra la iglesia católica, el primero de este tipo que se registraría en España. Sin embargo todo fue muy rudimentario. Las iglesias atacadas estaban muy cerca de su domicilio, no tenía información clara sobre los horarios de las mismas, porque antes había acudido a otra capilla que estaba cerrada, y erró en su objetivo si su intención era asesinar a un sacerdote. A favor de la planificación está el hecho de que tuviera comprada un arma, un machete de gran tamaño y al parecer un hacha que apareció escondida en el registro policial.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado acceder a la solicitud de la Policía para prorrogar el plazo de detención del detenido y no tendrá que ser puesto a disposición judicial hasta el lunes por la tarde. La ley prevé la posibilidad de prorrogar las 72 horas habituales otras 48 horas más en caso de detención por delitos de terrorismo.