Un hombre que cuando fue detenido, hace ahora cinco meses, se confesó autor de la muerte de dos subsaharianos, cuyos cuerpos no han sido hallados, y al que se investiga como presunta autor de estos asesinatos y de otros delitos de detención ilegal y de tráfico de drogas, ha sido excarcelado tras la prestación de una fianza de 10.000 euros.

Así se dispone en el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número Nueve de Murcia, que dirige la magistrada Olga Reverte, que le ha impuesto también la obligación de personarse en el mismo los días 1 y 15 de cada mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Efe, señala que la Fiscalía y demás partes personadas en el caso emitieron informes favorables a la estimación de la solicitud de puesta en libertad hecha por el investigado, F.M.A.

Inspeccionan la vivienda en la que retuvieron a los asesinados

La investigación llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) sobre la desaparición de los dos subsaharianos se inició en el verano de 2021, cuando un compatriota de éstos alertó a los agentes de que llevaba varios días sin verlos, lo que le resultaba extraño.

Las pesquisas policiales descubrieron que su desaparición podría estar relacionada con un presunto ajuste de cuentas por asuntos relacionados con el tráfico de estupefacientes, y, avanzada la investigación, el pasado junio se procedió a la detención de ocho hombres y una mujer.

En su declaración a la Policía, el ahora puesto en libertad, considerado el principal investigado, reconoció ser el autor del doble crimen y de haber arrojado los cadáveres a un contenedor, pero esa declaración no la mantuvo en el juzgado, ya que entonces se acogió a su derecho a no declarar.

El auto señala que existen indicios de que los dos hombres llegaron, en una emboscada, hasta una vivienda ubicada en Alcantarilla, donde habrían sido maniatados y muertos de forma violenta.

Un perro inspecciona la finca en la que retuvieron a los dos hombres

La resolución judicial comenta que "existe un soporte indiciario abundante de los hechos objeto de imputación, especialmente, el reconocimiento pleno y sin ambages que realiza el investigado que se le achacan a presencia policial y con asistencia letrada".

Y añade que en esa declaración "señaló gráficamente que les ató las manos, que se quedó solo con ellos, se le fue de las manos y luego los tiró a un contenedor".

El auto concluye que conducido a presencia judicial se acogió a su derecho a no prestar declaración, "no ofreciendo explicación exculpatoria alguna de los hechos que se le imputan".

Finalmente, dice la magistrada que, "no obstante, las medidas acordadas permiten asegurar su presencia a disposición de la administración de Justicia, no existiendo riesgos de obstaculizar la actividad instructora".