En mayo de 2011 un seísmo de magnitud 5,1 en la escala de Richter sacudió Lorca llegada la tarde, y dejó notar su intensidad en gran parte de la Región de Murcia. Después hubo varias réplicas. Las imágenes y el estado de la localidad dejaba muy claro lo que tocaba: reconstruir la ciudad.

Para ello, los habitantes del Alto Guadalentín han necesitado ayudas públicas. Varias de ellas habrían ido a parar, presuntamente, a manos de quienes no lo necesitaban (a consecuencia del terremoto). El próximo 2 de noviembre se sentará en el banquillo el contable acusado de destinar subvenciones públicas -otorgadas a una comunidad de vecinos para acometer reformas por los daños del seísmo- a reparaciones en su propia vivienda, que nada tendrían que ver con el suceso. El Ministerio Fiscal solicita para él una pena de seis años y un mes de prisión por un presunto delito societario y otro de apropiación indebida.

La acusación

Según la Fiscalía, el acusado "movido por ánimo de enriquecimiento ilícito" dispuso del dinero "de forma irregular", y lo destinó al pago de reparaciones de su edificio y de su casa. En 2011, la comunidad de vecinos en la que se encuentra su propiedad recibió tres abonos del Consorcio de Compensación de Seguros por valor de más de 32.000 euros para hacer frente a los supuestos daños que había causado el terremoto.

Eso no es todo. Tal y como recoge la calificación fiscal, el contable adjudicó la ejecución de las obras a empresas de su confianza y reflejó una contabilidad "ficticia" en las cuentas de la finca.

El Ministerio también pide la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (por un periodo similar a la pena de cárcel) y nueve meses de multa con una cuota diaria de ocho euros. A ello se suma una indemnización de 10.560 euros en concepto de responsabilidad civil.