“Nos decía siempre que si no nos acostábamos con él no nos daría trabajo”. Esta fue una de las declaraciones que hizo ayer una de las mujeres que acudió a testificar en el caso de M.Z., capataz agrícola al que se le acusa de haber agredido sexualmente a seis de sus trabajadoras en una finca de La Palma, diputación de Cartagena. 

Esta testigo afirmó durante la segunda sesión del juicio celebrada ayer que el acusado le había dado trabajo en diferentes explotaciones (distintas a la de La Palma) y que en estos coincidió con alguna de las denunciantes. Fue en los trayectos que hacían en el vehículo del acusado en los que asegura que “siempre escuchaba palabras malsonantes y obscenas hacia ellas”, aunque también aseguró “no haberle visto tocar a ninguna de las mujeres”. En este sentido, declaró que el acusado “les pagaba a ellas directamente”, en contra de lo que el propio acusado declaró el lunes durante la primera sesión del juicio.  

En cuanto a la “trampa” que el acusado asegura que le tendió una de las presuntas víctimas y que llevó a su detención, la testigo afirmó “no saber nada”. “Lo único que me dijo una de las mujeres es que denunciara ante una asociación que ayuda a mujeres víctimas de violencia de género, cosa que no hice porque a mi nunca me pasó nada”, declaró.

Las seis presuntas víctimas han prestado declaración a puerta cerrada. 

Por otro lado, más de una decena de familiares y allegados del acusado se concentraron ayer a las puertas del Palacio de Justicia de Cartagena para clamar por su “inocencia y necesaria puesta en libertad”.

Uno de sus hijos, en declaraciones a La Opinión, aseguró que “no hay pruebas suficientes como para incriminarlo y que, además, la exposición de los hechos por parte de las denunciantes se contradice en las distintas ocasiones en las que han prestado declaración”. Sin embargo, quiso aclarar que “en caso de que se demuestre, estarán de acuerdo con lo que decida la Justicia”. Una de las hijas de M.Z., que también atendió a La Opinión, afirmó que “el ADN extraído de las pruebas forenses que se han hecho de un colchón que se encontraba en la finca de La Palma y en el que se presuntamente el acusado agredió sexualmente a algunas denunciantes, no coincide” con el de su padre. Asimismo, afirmó tener en su poder “una grabación de una de las denunciantes en la que afirma que realmente no recibió ningún abuso”.

Actitud temerosa

El teniente de la Guardia Civil responsable del caso ha explicado que fue el sindicato CCOO el que puso en conocimiento de la Benemérita los hechos. A partir de ahí, el Instituto Armado tomó declaración a la primera víctima, que acudió a sus dependencias el 7 de septiembre de 2020 en una actitud "temerosa" y en estado de "pánico". Posteriormente, otras cinco mujeres denunciaron los hechos, todos con un mismo protagonista, el capataz.

El responsable de la Guardia Civil ha explicado en el juicio que todas las presuntas víctimas guardaban "un mismo patrón": personas de muy bajo nivel económico y cultural, hasta el punto de que algunas de ellas no sabían leer ni escribir.

Preguntado sobre si, como afirmó el acusado este martes en su declaración, tuvo sospechas de que se trataba de un "complot o trampa", el agente ha insistido en que "en ningún momento" se barajó esta posibilidad, teniendo en cuenta la información recogida durante la investigación.

Uno de los agentes que efectuó la detención y posteriormente entró a la finca donde se cometieron presuntamente las agresiones ha explicado que en una de las estancias había un colchón sin funda colocado en vertical contra la pared y, sobre él, una toalla. Justo al lado había una zona del suelo con menos polvo que coincidía con las dimensiones del colchón.

Cabe recordar que las víctimas situaron las agresiones en un colchón situado en el interior de una habitación de la finca.