El Ministerio Fiscal ha pedido ocho años de cárcel para Abdelkader S., patrón de la patera que naufragó en la playa mazarronera de Percheles en marzo del pasado año, causando la muerte de once personas que viajaban a bordo. En la barcaza iban de forma irregular 14 argelinos, once de ellos fallecieron y solo hubo tres supervivientes, uno de ellos el responsable de la embarcación y que acabó en la cárcel por orden judicial. En los días posteriores al naufragio comenzaron a aparecer cuerpos, tanto en la costa murciana como en la almeriense, arrastrados por la corriente marina.
La fiscal considera que "tras varias horas de navegación y cuando se encontraban a unos cinco kilómetros de la costa, el acusado, a fin de alcanzar tierra rápidamente, aumentó la velocidad, comenzando a entrar agua dentro de la frágil embarcación, la cual comenzó a hundirse, lanzándose el acusado al agua agarrado a uno de los bidones vacíos de gasolina que se encontraban en la patera, dejando a su suerte a todos los ocupantes de la embarcación".
El escrito continúa exponiendo que el acusado , "así como el otro conductor de la patera que igualmente se lanzó al agua, lograron sobrevivir, dándose este último a la fuga sin poder ser localizado, así como los dos testigos protegidos en esta causa, que fueron rescatados próximos a las costas de la localidad de Mazarrón , no así otras siete personas que viajaban igualmente en la embarcación y que no pudieron alcanzar las costas falleciendo en el mar por ahogamiento".
Durante toda la noche efectivos de Emergencias, Guardia Civil, Cruz Roja y Salvamento Marítimo trataron de dar con el resto de supervivientes, aunque solo pudieron rescatar a tres de ellos.
El pasado mes de agosto la Policía Nacional desarticulaba la red dedicada al tráfico ilegal de personas desde Argelia hacia las costas españolas. Los agentes descubrieron que los detenidos tenían "un conocimiento exhaustivo de la geografía de la costa almeriense empleando una red de cuevas de esta zona para albergar a los migrantes".
Los trayectos marítimos de regreso a Argelia eran utilizados también para la introducción y el transporte de drogas, así como para la salida furtiva de territorio Schengen de argelinos que pretendían huir de la justicia europea. Los investigadores vinculaban entonces a esta organización con la muerte de las once personas en aguas de Mazarrón.
La fiscal también expone en sus conclusiones provisionales que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y siete delitos de homicidio imprudente.
Por cada uno de los delitos de homicidio imprudente solicita la pena de un año de prisión, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas. Asimismo exige que el acusado indemnice a los herederos de los fallecidos en 100.000 euros para cada uno de ellos.
