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Caso Abierto - La Opinión de Murcia

Agresión sexual

Ata a su novia de pies y manos en Lorca, la viola, le da una paliza y no entrará en prisión

Para inmovilizar a la mujer y someterla a su voluntad, el hombre, que reconoció ante la jueza lo que hizo, empleó el cable de un secador del pelo

La falta de crédito que la justicia ha dado a las víctimas de la violencia sexual en España ha sido objeto de multitudinarias manifestaciones.

Ató a su novia de pies y manos con el cable de un secador, la violó, le propinó una brutal paliza y no entrará en prisión. El individuo que hizo esto, un hombre que ahora tiene 69 años, admitió ante las tres juezas que componían el tribunal de la Audiencia Provincial de Murcia que iba a juzgarlo lo que hizo. En una sentencia de conformidad, el sujeto, natural de un pueblo de Jaén, acabó condenado a dos años de cárcel, pero se le suspende la pena privativa de libertad con la condición de que no delinca en un lustro.

El escenario de la agresión sexual, la casa que compartían víctima y agresor, en La Torrecilla, en el municipio de Lorca. Sucedió en agosto de hace ahora cuatro años. Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, el hombre, sobre las once de la mañana, «adoptó un comportamiento agresivo en cuyo curso propinó múltiples bofetadas a la mujer, la agarró a continuación con fuerza, le introdujo varios dedos en la vagina y la refirió que acabaría con su vida si no accedía a sus pretensiones sexuales».

La víctima, por miedo, «debido al temor fundado a padecer perjuicios físicos mayores generado por el contexto en el que se hallaba inmersa», deja claro la sentencia, acabó haciéndole una felación. Tras ello, el individuo se acostó a dormir.

El mismo día, sobre las tres de la madrugada, el hombre «se despertó y abandonó la vivienda para regresar a la misma entre las siete y las ocho de la mañana, momento en el que despertó a la mujer y le gritó: ‘¡Levántate, que va a venir mi amigo para llevarte a su casa!’, para, acto seguido, comenzar a golpearla con fuerza propinándola varios bofetones», continúa el relato de hechos probados.

Para evitar que se marchase, «la agarró y la colocó en el suelo, posicionándose sobre su cuerpo, y estando, aquella desvalida, la ató por las manos y por los pies sirviéndose del cable de secador del pelo, permaneciendo inmovilizada hasta que finalmente fue liberada por los agentes de Guardia Civil intervinientes», destaca el citado relato.

El hombre «ha reconocido los hechos relatados en el acto de juicio oral y ha ingresado la cantidad de 400 euros como parte de la reparación de las lesiones producidas a la mujer», se detalla en la resolución judicial, que tiene en cuenta que se produjo «una paralización de dos años desde la declaración del imputado en 2018 hasta el auto de procesamiento en 2020». Después, la pandemia ralentizó el proceso y ha sido en 2022 cuando se ha dictado la sentencia, de conformidad.

Los hechos que se han declarado probados constituyen un delito de agresión sexual y otro de malos tratos, ambos tipificados en el vigente Código Penal. Por el primer delito lo condenaron a pasar dos años entre rejas; por el segundo, dos meses y siete días más, aunque se le conmutó por una multa de 268 euros. Tendrá que entregar a su víctima un total de 3.380 euros en concepto de indemnización, por lo que le hizo, y durante tres años no podrá aproximarse a ella.

Tendrá que hacer un cursillo

En cuanto a que no entre en el penal, algo que pidió la defensa del individuo y a lo cual no se opusieron ni el Ministerio Público ni la acusación particular apunta la sentencia que «entendemos queprocede conceder al penado el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad, pues no constan datos relevantes de los que se puede deducir peligro de reiteración delictiva».

Deja claro el tribunal que «el beneficio concedido queda condicionado a que no delinca durante el periodo de suspensión, que en este caso se fija en cinco años, al pago de la responsabilidad civil en los plazos establecidos (50 euros al mes durante 5 años) y al cumplimiento de las penas de prohibición de aproximación y comunicación a la víctima, y la participación en un programa educativo y formativo de violencia de género».

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