Una componente de la Guardia Civil, de los varios agentes que han declarado estos días en la Audiencia Provincial de Murcia en el juicio por el asesinato a navajazos de una anciana en Abarán, del que se acusa a su sobrino-nieto, ha revelado que todas las noticias sobre la conducta sexual del mismo las conocieron tras descubrirse el crimen.
Al declarar como testigo en una nueva sesión de la vista oral que se desarrolla ante un jurado popular, la agente dijo que hasta entonces, nadie había presentado denuncia por los presuntos acosos de los que eran víctimas, entre ellas, la fallecida.
Explicó que cuando se entrevistaron con varias de esas mujeres, estas se mostraron siempre parcas en sus explicaciones, por temor al escándalo y por pudor, al tratarse de personas de edad avanzada y por lo que habría supuesto el conocimiento público de los hechos que sufrían.
La agente de la Guardia Civil ha añadido que durante las investigaciones tuvieron conocimiento de que la fallecida no le abría la puerta al acusado, Joaquín G. V., tras haber sufrido, presuntamente, tocamientos por parte del mismo, lo que este niega al manifestar que el distanciamiento surgió a raíz de conocer ella que era drogadicto.
Para la testigo, la conducta del acusado, que analizaron a lo largo de las investigaciones en las que ella intervino a raíz del crimen, era «la propia de una persona obsesiva», especialmente hacia mujeres mayores.
Otra testigo interviniente en el juicio ha sido una antigua trabajadora de la policlínica de Abarán en la que estaba citada la víctima el día del crimen, el 22 de abril de 2019, y a la que no compareció.
La mujer, cuya madrina es la madre del procesado, ha declarado que aquella jornada no vio en la clínica a la anciana, dato este que para la defensa tiene especial importancia, ya que según sea la hora en que se concrete la data de la muerte se podrá considerar si el procesado pudo ser el autor o si ello resultaría imposible por encontrarse en el trabajo.
La fiscalía reclama para el acusado prisión permanente revisable por un delito de asesinato y nueve años de cárcel por un delito de allanamiento de morada en concurso con otro de agresión sexual en grado de tentativa.
