Víctor, Lincoln Gabriel y Jesús, los jóvenes de las vías, llegaban este jueves a un acuerdo de conformidad para evitar el juicio y aceptaban penas que suman un año y nueve meses de cárcel para cada uno de ellos por lo delitos de desórdenes públicos y daños. Dado que ninguno de los chicos tiene antecedentes, no entrarán en prisión.
Con este acuerdo, que evitaba el juicio, se ve reducida considerablemente la petición de condena inicial: los chicos se enfrentaban a ocho años de cárcel cada uno, por incendiar las vías y hacer destrozos en ellas durante una protesta, en octubre de hace cinco años, en el marco de las movilizaciones por el soterramiento.
La Fiscalía consideraba, en su escrito inicial, que estos tres chicos han de indemnizar a Adif y a Adelsa por los daños causados, con 56.323,19 y 77.427,37 euros por los daños. Al comienzo de la vista, en virtud del acuerdo entre las partes, el Ministerio Público anunciaba las modificaciones en su escrito. Por desórdenes públicos, los procesados cumplirán nueve meses de cárcel; por el de daños mediante incendio en las vías, un año más.
Tal y como se hizo constar en la sala, los tres han consignado 25.000 euros para indemnizar, por los daños, a Adif. En el caso de Adelsa le han dado 7.000 euros y la sociedad está satisfecha y nada más tiene que reclamar, anunció el magistrado ponente.
Víctor, Lincoln Gabriel y Jesús reconocieron en la sala de la Audiencia Provincial ser responsables de los delitos que se les imputaban. Lo hacían prácticamente con monosílabos, con un “sí” al juez y un “lo acepto” a la pena pactada.
Los tres estuvieron arropados por sus vecinos y por simpatizantes de su causa en la entrada a los juzgados, bajo la lluvia. El portavoz de la Plataforma ProSoterramiento, Joaquín Contreras, y el sacerdote y activista Joaquín Sánchez entraron en la sala, al comenzar la vista y ser la misma audiencia pública.
Al concluir la vista y declararse la firmeza de la sentencia, los jóvenes salieron de la sala arropados por sus familiares, algunos de los cuales tenían lágrimas en los ojos, por ver el final de lo que calificaron de "un calvario".
Aquella noche en cuestión, hace casi cinco años, hubo muchos destrozos, fuego y caos. Algunas personas lograron tirar parte del tramo de muro que ya se había levantado. Además, tiraron todo tipo de objetos a las vías, lo que obligó a cortar el paso ferroviario. La tensión fue en aumento. Ardieron contenedores. La Policía Nacional había montado un amplio despliegue para evitar incidentes, los cuales finalmente sí tuvieron lugar, con incendios en las vías, donde arrojaron todo tipo de objetos, y peligro para las personas que estaban cerca. Además, pegaron fuego a una máquina elevadora de las que trabajaban en las obras. Por su culpa, se interrumpió el tráfico ferroviario durante unos días.
“A nadie se le enjuicia por manifestarse”
El mes pasado, la titular del juzgado de Menores número 2 de Murcia condenaba a 200 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad a un menor por los mismos hechos. Sus delitos: desórdenes públicos, atentado a los agentes de la autoridad y un delito de daños ocasionados durante la misma protesta.
Dejaba claro entonces la magistrada que la magistrada que “los hechos enjuiciados son muy graves y no cabe confundirlos en modo alguno con el derecho de reunión o de manifestación”. Y es que “a nadie se le enjuicia por concentrarse o manifestarse para protestar o hacer una reivindicación. Se enjuicia a quién hace uso de la violencia o intimidación porque sí, por diversión, o a quién hace uso de la violencia en la errónea creencia de que es legítimo”.
