Caso Abierto - La Opinión de Murcia

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Operativo policial

Una trama de cupones de lotería de Vigo contaba con una red de vendedores que recibían comisiones

Junto a los registros en Vigo y Moaña donde estaba la imprenta, el operativo se extendió a Cáceres, Sevilla y País Vasco | El TSXG informa que los sorteos por los que se regían eran los de la ONCE

La operación contra este entramado de billetes de lotería la desarrolló la Guardia Civil.

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ostentan la exclusividad para la venta de productos de lotería física como los tradicionales cupones. Así lo establece la Ley de Regulación del Juego, que solo deja la puerta abierta, con carácter excepcional, a que también lo hagan de forma “esporádica” aquellas entidades sin fines lucrativos con finalidad benéfica que cumplan los requisitos. Con esta contundente normativa como telón de fondo, la Guardia Civil asestaba esta semana un duro golpe a un entramado radicado en Vigo dedicado a la elaboración y distribución fraudulenta de boletos. La venta la hacían amparándose en una inexistente asociación de discapacitados y a través de una red de vendedores que se extendía por distintos puntos de España, trabajando a pie de calle sin estar dados de alta en la Seguridad Social solo a cambio de una comisión.

Fuentes oficiales confirmaban ayer que la operación desplegada este miércoles se saldó con cuatro detenidos –entre ellos las presuntas cabecillas en Vigo– y que el operativo no se limitó a la provincia de Pontevedra, ya que también se extendió a otros puntos de España como Sevilla (Andalucía), Cáceres (Extremadura) y País Vasco, donde se habría identificado a más personas –al parecer los vendedores que trabajaban vendiendo estos boletos en el marco del entramado–. Los arrestados quedaron libres sin llegar a pasar a disposición judicial.

Este operativo que estuvo precedido de meses de pesquisas fue dirigido por el Juzgado de Instrucción 6 de Vigo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informó de que fueron cuatro los registros efectuados: en tres viviendas de Vigo y del partido judicial de Cangas y en una imprenta de la zona de Moaña, también en O Morrazo, donde presuntamente se confeccionaban los boletos, concretan. Según pudo saber este periódico, junto a dinero en efectivo, los agentes se incautaron de una gran cantidad de boletos –más de 200.000– que, de haber llegado a la calle, habrían deparado beneficios millonarios a esta organización ilícita.

Actividad opaca

El TSXG afirma de que en la instrucción judicial hay dos mujeres investigadas por la presunta autoría de un delito de estafa y otro contra la Hacienda Pública: era una actividad que se hacía de forma opaca al margen de la Agencia Tributaria. “Estas dos personas, presuntamente, confeccionaban y vendían boletos de lotería como si fuesen de una asociación de minusválidos, que no existe”, dice el tribunal superior, que añade que el sorteo por el que se regían los billetes falsos era el de la ONCE.

Precisamente, la apariencia de los cupones, la cuantía de los premios y la redacción que venía en dichos boletos se asemejaba a la utilizada por la Organización Nacional de Ciegos de España, que tiene la exclusividad, junto a Loterías y Apuestas del Estado, para la venta de estos billetes de lotería. Por ello, junto al perjuicio a los compradores de la lotería, la actividad ilícita desplegada en esta trama suponía también una competencia desleal hacia esta entidad que sí cuenta con las autorizaciones y licencias necesarias para la venta de dichos productos. Lo que no venía en los boletos falsos de esta red eran los datos de contacto: ni dirección, ni página web ni un número de teléfono.

¿Qué ocurría si algún comprador que tenía un billete resultaba ganador de algunos de los sorteos diarios? Las fuentes consultadas creen que en aquellos casos en que la cuantía no era elevada al coincidir pocas cifras del número premiado se podría dar el caso de que los propios vendedores de calle pagasen al beneficiario al no causar gran perjuicio al entramado (por ejemplo si el premio era solo de 3 o 15 euros). Pero consideran que si por un casual el boleto llegase a coincidir con algún premio alto (de 10.000 o 20.000 euros), éste nunca llegaría a ser cobrado.

No es la primera vez que se actúa contra asociaciones que se dedican a la venta de boletos al margen de la ley. En 2020 un juzgado de Toledo llegó a ordenar la disolución de una falsa ONG que tampoco daba de alta a sus vendedores y que también vendía falsos cupones similares a los de la ONCE. Esta entidad tenía además una deuda millonaria con Hacienda.

La ONCE en Vigo: “Aplaudimos la actuación policial; es un problema que detectamos con frecuencia”

“Sin duda aplaudimos esta actuación policial; este tipo de conductas ilícitas nos afectan de forma directa a la ONCE porque utilizan nuestra imagen y solvencia y porque se aprovechan de personas con discapacidad para vender los cupones; y no hay que olvidarse de los clientes, de la gente que compra boletos pensando que son de curso legal, ya que si coinciden con un número premiado no pueden cobrar”. Roberto Gaspar Conde, director de la ONCE en Vigo, valoraba ayer así el operativo de la Guardia Civil que ha llevado a la desarticulación de un entramado de ámbito nacional que se dedicaba a la venta fraudulenta de cupones de lotería.

La problemática que evidencia la operación policial no es nueva para esta organización, que en numerosas ocasiones ha puesto en conocimiento de las autoridades casos de venta ilícita de cupones en distintos puntos de España por parte de asociaciones que no tienen autorización administrativa para ello. Vigo, como se ha visto ahora, no es una excepción. “Nosotros estamos constantemente detectando situaciones así. Lo que hacemos es dar traslado de ello a nuestra asesoría jurídica para que realice las actuaciones pertinentes”, afirma Gaspar, ahondando en que es un problema recurrente. “Detectamos un entramado y cuando creemos que ya desapareció, aparece otro...”, describe. Estas tramas, concluye, ejercen una “competencia desleal” y, en definitiva, “van en contra del trabajo que desde nuestra organización hacemos por las personas con discapacidad”.


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