La cita era a las nueve de la mañana en el antiguo Palacio de Justicia de Murcia, que alberga la sede de la Audiencia Provincial. No asistieron todos los acusados, aunque sí una veintena, que se agolpaban en los pasillos de la cuarta planta. De abogados, los penalistas más reconocidos de Murcia: Fermín Guerrero, Jorge Novella o Raúl Pardo-Geijo, entre otros. La previsión: que arrancase un macrojuicio, por drogas, en el que está procesado un agente de la Policía Nacional.
Sin embargo, el juicio ni comenzó. Sí se constituyó la sala, pero las partes no llegaron a una conformidad y la Audiencia tendrá que fijar ahora una fecha para la celebración de la nueva vista. La fecha todavía no se conoce. Los acusados y sus letrados tardaron apenas unos minutos, desde que se constituyó la sala y hasta que se resolvió el asunto, en abandonar los juzgados de Ronda de Garay.
El supuesto cabecilla de la organización, Enrique Antonio C. S. (que no se presentó a la vista de hoy), se enfrenta a una docena de años entre rejas, que es lo que pide para él la Fiscalía. En el caso del agente, el Ministerio Público solicita nueve años de prisión por tráfico de drogas. El agente, destinado en la Brigada de Seguridad Ciudadana, era, según indica el fiscal, hombre de confianza y mano derecha del líder.
Lo que dice la Fiscalía
Las dilaciones indebidas serán, previsiblemente, claves a la hora de dictar sentencia, ya que el caso comenzó en 2013 y lo llevó el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Murcia. La intervención de las líneas telefónicas del policía y de otros acusados (en total se sientan 28 personas en el banquillo) fue clave para "verificar la existencia de una organización dedicada a ejecutar cultivos masivos y estratificados de marihuana en diferentes chalets de la Región de Murcia que eran alquilados de forma sucesiva, acondicionando sus garajes para albergarlas; droga a la que luego se daba salida con evidente vocación de tráfico principalmente por Enrique Antonio C. S."
Añade el fiscal, en su escrito, que "el modus operandi era conseguir un suministro permanente de marihuana, de forma que, cuando unas plantaciones estaban ya en proceso de secado, de reiniciaba el cultivo al tiempo que otras estaban en fase de floración. Cuando llegaba el momento dela recolección y cribado, los miembros de la organización se trasladaban allí donde era necesario para ejecutar allí tales trabajos". En todas las viviendas que usaban tenían la luz enganchada de forma ilegal.
Asimismo, tiene claro el Ministerio Público que "bajo la máxima dirección del acusado Enrique Antonio C. S., que ostentaba funciones de jefatura, los demás miembros de la organización se integraban en ella de forma permanente y con roles definidos, capacidad de sustitución, clara vocación de permanencia y de extensión funcional y geográfica considerable". Este sujeto, al que llamaban "jefe", mantenía, detalla el fiscal, "un abundante flujo de comunicaciones personales y telefónicas con el policía, quien le daba cuenta de la cantidad de plantas o su variedad". El jefe llegó a decir sobre el agente: "aquí no mando yo, mandamos los dos, una mano lava la otra".
El policía, presuntamente, "se encargaba de gestionar la parte operativa de las plantaciones" y "asumía personalmente la compra de materiales para las instalaciones y obras en los sótanos de algunos de los chalets; encomendaba la compra de semillas y otros efectos a otros miembros de la organización y mantenía fluidas comunicaciones telefónicas y personales con los demás miembros de la organización", según el Ministerio Público.
