Media docena de los más de mil reclusos que cumplen condena en la prisión de Campos del Río son yihadistas, informaron fuentes penitenciarias. Entre ellos destaca un nombre: el de Ilias Mohamed Ahmed, que llegó desde Ceuta al penal más grande de la Región de Murcia tras ser capturado, en otoño de 2017, después de llevar más de medio año enrolado en las filas del Estado Islámico, para el cual elaboraba vídeos de propaganda terrorista que difundía por la Red. Este mismo individuo, condenado en su momento por la Audiencia Nacional, fue detenido en abril de este mismo año, dentro de la cárcel murciana, precisamente porque se dedicaba a captar a otros reclusos para el Estado Islámico. El arresto no fue tal, solo se le comunicó por vídeo: siguió en prisión y se abrieron diligencias por otro delito, que previsiblemente aumentará su estancia entre rejas.
Conductas como las de Ilias Mohamed Ahmed son las que el Ministerio del Interior vigila con lupa. Preocupan no solo los reos que entran por sus vínculos con el Yihadismo, sino que su radicalización se ‘contagie’ a otros presos, que, cuando entraron al penal, nada tenían que ver con el terrorismo. Para controlar esto, Prisiones cuenta con un plan con el que en la actualidad tiene sometidos a control a más de 200 reclusos en las cárceles dependientes de la Administración central. Media docena de ellos están internados en la comunidad murciana.
Un violador lideraba, en el penal de Murcia II, un grupo radical islamista que golpeó a un interno por no unirse a ellos
Este ‘contagio’ se detectó, por ejemplo, la pasada primavera en Campos del Río, indican fuentes penitenciarias. Todo empezó con una pelea entre internos, algo que no es excepcional. Sin embargo, las alarmas saltaron cuando se reveló el motivo de la agresión: tres presos habían pegado a otro porque se negó a unirse a su grupo radical, simpatizante del Estado Islámico, que habían formado dentro de la prisión. Estos individuos se conocieron tras los muros del penal. El presunto líder del grupúsculo, un hombre que cumplía condena por agresión sexual, fue trasladado a la cárcel de Zaragoza. A los otros dos los separaron.
El Ministerio del Interior hace distinciones entre los presos a los que controla: están los preventivos o condenados por Yihadismo, los no condenados por terrorismo, pero que son posibles captadores y los que nada tienen que ver con la Yihad, pero son vulnerables a la captación.
El suceso que tuvo como escenario la población de Roldán, en Torre Pacheco, el viernes día 17 ha vuelto a proyectar la sombra del terrorismo islamista sobre la comunidad murciana. Cuando los investigadores detectaron que tras lo acontecido podría haber una radicalización del joven que conducía el coche estrellado, el Juzgado de San Javier traspasó el caso a la Audiencia Nacional.
Desde aquel atropello masivo en Las Ramblas de Barcelona en agosto de 2017, la amenaza yihadista está presente en España. Las operaciones de desarticulación de células o de arresto de individuos se sucedieron, y muchas salpicaron a la Región. Por ejemplo, en febrero de 2018 la Policía Nacional capturaba en Torre Pacheco a un marroquí de 31 años por adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo yihadista salafista en favor del Daesh. Este sujeto animaba a acabar con «los enemigos del Islam» y a unirse a la yihad violenta. Apenas unos meses después, caía en Lorca otro individuo que había manifestado su «voluntad de atentar directamente contra ciudadanos». La Audiencia lo metió en prisión.
Los funcionarios de prisiones de las cárceles de la Región no tienen formación para tratar a diario con los reclusos condenados por sus vínculos con la Yihad. Así lo asegura el murciano Fran Mauri, secretario de organización nacional de Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip).
Esta situación contrasta con lo que les pide Prisiones: sugiere a los trabajadores de los penales que tengan «cautela en «sus actuaciones» con estos reos.
Y es que este año la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias incluía por primera vez, en un documento dirigido a los directores de los diferentes penales, una referencia expresa al riesgo yihadista. Lo hizo en el denominado Informe Balance en Materia de Seguridad y Tratamiento del primer trimestre del año. Entonces, el organismo dependiendo de Interior pedía a sus funcionarios precaución en su trato con los presos yihadistas.
Sin embargo, «de forma específica, no nos dan nada», subraya Mauri, en referencia a esa ausencia de formación.
La neutralización del potencial peligro que supone que un yihadista preso extienda sus ‘tentáculos’ a otros compañeros de penal es un objetivo prioritario de Instituciones Penitenciarias en el marco de la lucha contra la radicalización en prisión. La clave está en la detección precoz de estos comportamiento, para prevenir. De ahí que los trabajadores, que día a día tratan con estos reclusos, insistan en pedir más medios para mejorar su labor.
