Un muro de silencio envuelve el fenómeno de la prostitución de menores fugadas de centros de acogida de Palma. Las adolescentes que son explotadas sexualmente no tienen conciencia de ser víctimas y en la mayoría de los casos se niegan a colaborar con la Policía. "Las chicas no hablan, y los que las prostituyen, obviamente, tampoco", afirma el inspector David López del Val, jefe de investigación de la Unidad de Familia y Menor (Ufam), responsable de la detención de diecisiete personas durante las últimas semanas por corromper al menos a trece menores, la mayoría residentes en centros de protección de entre catorce y diecisiete años, para dar una idea de las dificultades a las que se enfrentan los investigadores.

Algunos de los hechos que han sido investigados por la Ufam se remontan a los años 2018 y 2019, pero el hermetismo de las propias víctimas ha retrasado mucho la respuesta policial. Según explicó ayer el inspector López del Val, las investigaciones se iniciaron tras recibir alertas de la Fiscalía de Menores o el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

Se trató por lo general de denuncias de los trabajadores de los centros de acogida, que habían detectado comportamientos anómalos entre las adolescentes.

"No tenemos constancia de la existencia de una trama organizada", comentaba ayer el inspector de la Ufam, "sino de una cadena de contactos". Algunas de las chicas que practicaban la prostitución cuando se escapaban de los centros de acogida captaban a sus compañeras, a las que convencían de que podían conseguir dinero y regalos si mantenían relaciones sexuales con adultos que conocían.

La operación Bacana, culminó la semana pasada con la detención de diecisiete personas por corromper a menores, y la identificación de trece víctimas. Se da la circunstancia de que tres de esas víctimas, que habrían sido explotadas sexualmente, fueron también detenidas por convencer a algunas de sus compañeras para que se prostituyesen.

Los investigadores de la Ufam descubrieron que las jóvenes se citaban con los adultos a través de una página web de contactos, sin explicitar en ningún momento que eran menores de edad. También han confirmado que durante esta primera fase algunas de las chicas habrían enviado fotos pornográficas.

El perfil de los corruptores es heterogéneo. Los catorce detenidos por tener relaciones con las menores tenían entre 21 y 65 años.

Las dificultad que han tenido los investigadores para aclarar los hechos han impedido determinar en muchos casos dónde se llevaban a cabo los encuentros sexuales. Hasta ahora solo han localizado un hotel de Palma. Sin embargo, el jefe de investigación de la Ufam extendió sus sospechas a determinados pisos okupados de la ciudad. «Hay lugares que son imanes para los hechos delictivos, incluidos estos», apuntó.

El inspector López del Val destacó los contactos fluidos que mantienen con el IMAS, de donde recogen las informaciones sobre posibles conductas delictivas que afecten a las menores acogidas. "Es una cuestión muy compleja que no se puede resolver solo a nivel policial, sino que requiere la implicación de toda la sociedad", concluyó.