Ocho puñaladas mataron a Isabel hace catorce años en su domicilio de La Aljorra, en Cartagena. Antes de expirar, la vecina, de 42 años de edad, pudo decir el nombre de su asesino a uno de los agentes de la Guardia Civil que había acudido en su auxilio. El testimonio de la propia víctima, por boca de este agente de la Benemérita, se escuchaba, dos años después, en el juicio que se celebró contra este asesino machista, Hamid, que acabó condenado a 18 años de cárcel.
Isabel es una de las 31 mujeres víctimas de violencia de género que ha habido en la Región desde que se tienen registros de esta lacra, según los datos que proporciona la Delegación del Gobierno en Murcia. La última fue Saloua, a la que mató su esposo en Águilas: ella quería divorciarse y él, Abdellatif, le disparó en el corazón. Antes, había mandado a sus dos hijos a la playa.
A Saloua la mataron a finales de agosto de 2020. Sólo unos días antes, Rosalía F. M., de 62 años, que permanecía en Cuidados Intensivos desde que su marido, en julio, le reventó la cabeza a golpes con un martillo en su casa de Cartagena, expiraba en el hospital. Después de agredirla, el sujeto, de nombre Juan, llamó a Emergencias. Esperó en el mismo domicilio a que llegase la Policía, que lo detuvo, ensangrentado.
Los hombres que presuntamente (dado que todavía no han sido juzgados) acabaron con las vidas de Saloua y Rosalía fueron mandados a prisión provisional como supuestos autores de un crimen machista.
En 2018, Doris, que había huido de la violencia de su Colombia natal, murió cosida a cuchilladas por su esposo, Ezequiel, en el patio de su edificio de La Fama, en Murcia. El día anterior al crimen, la mujer había pedido información sobre cómo formalizar y tramitar un divorcio. Ezequiel sí ha sido juzgado: en la Audiencia Provincial, admitió ser el autor del apuñalamiento mortal. Reconocer los hechos le supuso una rebaja en la pena de cárcel, que se encuentra cumpliendo: le cayeron quince años.
Verano de hace dos años, en Beniel. La madre del pequeño Cristian avisó a la Policía después de que su ex no le devolviese al niño y fueron los agentes quienes encontraron en la casa los cuerpos sin vida del padre y el hijo pequeño. David S. O., apodado ‘El Cartagenero’, estaba condenado por maltratador (fue condenado por un Juzgado de Violencia contra la Mujer de Murcia a cuatro meses de prisión, por coacciones, pero no llegó a entrar en la cárcel) y tenía en vigor una orden de alejamiento de su ex, Laura. Pero no de Cristian, el menor de los hijos que ambos tenían en común. Al no tener antecedentes por atacar a los hijos, se mantenía el régimen de visitas. Cristian se considera víctima mortal por violencia de género ejercida contra su madre.
La violencia de género obliga a más de 1.100 vecinas de la Región a vivir con protección policial u órdenes de alejamiento. Al mismo tiempo, prácticamente a diario se ven en los juzgados casos de mujeres que no quieren seguir adelante con el procedimiento y no ratifican la denuncia. Pasaba esta misma semana, con el caso de Beniel: una joven escapaba de la vivienda donde, relató a la Benemérita, la retenía su esposo, pero en la Ciudad de la Justicia de Murcia no quería continuar con la causa y la misma quedaba archivada.
«Derrumbe de las expectativas»
A juicio de la psicóloga murciana Felipa Gea, «la tradición de desconsideración hacia la víctima es una de los motivos que impulsan a las mujeres a retirar las denuncias, ya que a la víctima se le da muy poca información, por lo que la mujer no parece formar parte del proceso, y tampoco se le brindan grandes posibilidades de participar en su propia causa».
«Esta falta de información y de consideración hacen que la mujer no comprenda el proceso y no preste la colaboración necesaria», manifiesta la experta, que detalla que «esto, obviamente, provoca que se sienta indefensa y desorientada, lo que provoca que haya una mayor probabilidad de que retire la denuncia», como desgraciadamente ocurre.
En su opinión, «el sistema penal y de Justicia no escucha a las mujeres». «Además, se le añade el derrumbe de las expectativas sobre esta denuncia (la víctima y las mujeres en general se sienten defraudadas), que en muchas ocasiones hemos visto que no han protegido de manera adecuada a las mujeres víctimas de violencia de género», remarca Gea.
Las que no cuentan en las estadísticas
Corría el año 2000 cuando María Isabel, de 37 años, fue asesinada a tiros por su marido, Mateo, de 44 años, en Cartagena. El hombre mató de cuatro disparos a su esposa y luego se dirigió a unos vecinos y les dijo que avisasen a la Policía. El hijo pequeño del matrimonio, un niño de 12 años, presenció el asesinato. Al día siguiente, en riguroso silencio, el féretro con los restos mortales de la mujer era conducido por sus familiares al cementerio de la diputación cartagenera de Canteras, donde recibió sepultura.
Pese a los evidentes tintes machistas del crimen, Mª Isabel no figura en las estadísticas de mujeres muertas por violencia de género. El registro oficial de víctimas se inició en 2003. A ella la mataron tres años antes.
En 2002 se sentaba en el banquillo Antonio, de 56 años, acusado de matar a su esposa de varios golpes en la cabeza. En el juicio, alegó que hizo lo que hizo porque se sentía como «una porquería» en su matrimonio.
Antes de 2003 incluso se usaba la expresión ‘crimen pasional’ para referirse a un asesinato machista, una terminología que ha quedado obsoleta y es censurada. Ahora mismo, la Región de Murcia es la comunidad autónoma con mayor tasa de maltrato a mujeres.
