El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer N.º 1 de Cartagena acordó mandar a prisión provisional a un individuo que, presuntamente, abusó sexualmente de una menor, la dejó embarazada y la amenazó y acosó para que tuviese una relación con él. El sujeto, que alegó que tener él 35 años y la joven 15 no era un problema legal en su país, recurrió a la Audiencia Provincial, que lo mantiene en la cárcel.

Fue la madre de la víctima quien acudió a Comisaría a denunciar que su hija adolescente estaba siendo acosada por un individuo, que, entre otras cosas, le mandaba por Instagram mensajes obscenos. Cuando los investigadores hablaron con la menor, esta explicó que el sujeto le había maltratado físicamente y dejado embarazada: el bebé nació en agosto de 2020. Aunque la adolescente dijo que había tenido relaciones sexuales consentidas con este hombre, al tener ella entonces 15 se investigaría como abuso sexual con penetración. En España, la edad mínima de consentimiento sexual son los 16 años, tal y como consta en el Código Penal.

La joven también relató a los agentes que, desde que ella decidió terminar la relación, el sujeto (que, según ella, llegó a patearla y echarla de casa estando embarazada) no paraba de acosarla para que volviese con él y, ante su negativa, la insultaba y amenazaba, en persona y de forma telefónica. En este sentido, aportó mensajes en los que se leía ‘hija de puta, te voy a quitar a mi hijo para que te quedes sola, ojalá te mueras, a mí la cárcel no me mata’, entre otros insultos.

En su defensa para intentar salir de prisión, alegó primero que él pensaba que la chica tenía 17 años y no 15 cuando la conoció. Y añade su abogado defensor que “habida cuenta el contexto cultural del que proceden las partes, es perfectamente posible que ambos desconocieran que la ley española sancionaba las relaciones sexuales que mantenían de manera libre y consentida”. También dice su letrado que “no puede inferirse que exista riesgo de fuga por el simple hecho de que el investigado sea extranjero y no tenga trabajo estable”.

La Audiencia Provincial desestima el recurso, sí ve riesgo de fuga y cree que “el levantamiento de la medida de prisión podría arrastrar un doble e indeseable efecto: el riesgo de afectación grave del sentimiento de seguridad de la víctima y, en términos objetivos, su propia seguridad e integridad física”. También se refiere el tribunal a “la propia gravedad de los hechos y la alarma, reprobación y alto rechazo social que generan” los mismos. El caso sigue investigándose y el sujeto puede enfrentarse a penas de doce años de prisión, recuerda la Audiencia en su sentencia.