Los siete acusados de delitos de trata de seres humanos y de coacciones para contraer matrimonio forzoso dos menores de nacionalidad rumana que vivían bajo la custodia de su hermana mayor, de iniciales M.C., en Morales de Toro, tras ser violadas por su padre biológico, se enfrentan a penas de cárcel de 70 años, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Además, la acusación pública exige órdenes de alejamiento de las presuntas víctimas, ahora mayores de edad, pero que tenían 16 y 17 años cuando contrajeron matrimonio en 2018 con varones, uno de ellos también menor. Ambas se quedaron embarazadas en escaso tiempo.

La supuesta venta de las dos hermanas por 8.000 euros cada una a sendas familias para casarlas con sus hijos supone un delito de coacciones para matrimonio forzado, por el que el Ministerio Fiscal exige 10 años de prisión a cinco de los siete imputados, de iniciales A.M.V..; F.A.M.; G.M.; C.A.; y A. A., es decir, penas que suman 50 años.

La Fiscalía Provincial imputa, por otro lado, un delito de trata de seres humanos a la hermana de las menores y al cuñado, de iniciales M.D., para los que exige 20 años para cada uno, en total 40 para quienes no podrán ni aproximarse ni comunicarse con las dos presuntas víctimas, ahora mayores de edad. El juez de Toro que dirigió la investigación dictó prisión provisional para este imputado.

Las dos presuntas víctimas visitaban a su hermana mayor y al cuñado con cierta frecuencia para no levantar sospechas sobre lo ocurrido, y una de las niñas habría regresado durante un periodo más largo porque habría tenido problemas con la familia del marido.

Además, el cuñado de las adolescentes está imputado por un delito de abuso sexual hacia la menor de 16 años y la Fiscalía solicita otros 5 años de cárcel, por lo que se enfrenta a un total de 25 años. Asimismo, pide a la Audiencia Provincial otros 5 años de alejamiento de la presunta víctima a menos de 500 metros y libertad vigilada durante 5 años.

La investigación policial partió de la denuncia por desaparición efectuada por la madre de las dos adolescentes, nacidas en el año 2000 y en 2001, después de que pasaran a estar bajo la tutela de la hermana mayor y se trasladaran a la localidad zamorana de Morales del Vino, según informó en su día la Subdelegación del Gobierno en Zamora en enero de 2018, cuando tuvo lugar la detención de los siete imputados por la Policía Nacional.

Uno de los detenidos durante la operación policial.

La Brigada de Extranjería de la Comisaría de Zamora fue la encargada de seguir el rastro de las dos menores, que pertenecían a la comunidad rumana asentada en el municipio de la localidad zamorana.

Las dos adolescentes llevaban escasos meses en Morales del Toro cuando su hermana mayor y el marido de esta decidieron venderlas dos familias para casarlas con uno de sus hijos, siempre según la acusación de la Fiscalía, hechos que niegan los abogados de la defensa, que piden la libre absolución.

El primero de los tratos tendría lugar en el verano de 2018, con la menor de 17 años, que entregarían a la familia de otro menor, supuestamente a la pareja formada por C.A. y A.A. acusada de coacciones para forzar un matrimonio. El supuesto acuerdo implicaba el pago de 8.000 euros a cambio de que la menor se casara con su hijo. La presunta víctima pasaría a vivir habitualmente en una casa de Morales de Toro de los padres de quien ya era su marido dentro de las costumbres que siguen estos ciudadanos de Rumanía. La adolescente se quedó embarazada al poco tiempo, aunque dio a luz cuando ya se había producido la intervención policial y ella había pasado a estar bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, como medida cautelar impuesta por el juez de Toro que investigó la causa.

Hacia el mes de noviembre, la otra presunta víctima, de 16 años, fue entregada a otra familia para contraer matrimonio supuestamente concertado por la hermana de la menor y su marido previo pago de otros 8.000 euros por parte de los padres del varón. Esta vez, la de menor edad pasó a vivir en la localidad vallisoletana de Pozaldez con su marido y la familia de este, según consta en las diligencias judiciales. El embarazo de la menor llegó también pronto y dio a luz cuando ya estaba bajo la custodia de la Junta, como su hermana, por decisión del juez. Las intervenciones telefónicas fueron decisivas para poder descubrir la posible trama y los abusos sexuales y para detener a los acusados el 28 de enero de 2018.