Durante cuatro largos años, desde que apenas tenía once, una menor llevaba soportando en silencio los abusos sexuales a los era sometida por su padrastro. Fruto de este infierno vivido tiempo atrás y ya siendo mayor de edad, la joven explotó y trató de quitarse la vida, lo que finalmente destaparía su calvario y propiciaría la detención de su presunto agresor en mayo de 2019. No obstante, pese al espeluznante relato que realizó la víctima en sede judicial, en el que narraba tanto los tocamientos iniciales como abusos con acceso carnal por parte del compañero sentimental de su madre, el Juzgado de Instrucción número uno de Alzira no acordó medida cautelar alguna contra el acusado, salvo la orden de alejamiento respecto de su víctima -que le obligaba así a abandonar el domicilio familiar-.

Cuando dos semanas después el juzgado de Instrucción número tres de Alzira se hizo cargo del caso y dictó la prohibición de salir del territorio nacional, así como la retirada del pasaporte, e instó al acusado, de 55 años y origen dominicano, para que acudiera al juzgado a hacer entrega del mismo, éste ya no se presentó. Desde entonces permanece en paradero desconocido.

Ha sido ahora, más de un año y medio después, cuando el juzgado ha dictado una orden internacional de busca y captura, y su inmediata extradición, contra el presunto pederasta, acusado de un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal a persona menor de 14 años, agravada al haberse aprovechado de su relación familiar con la víctima.

La familia de la joven, que se personó como acusación particular una vez ya había prestado declaración el detenido, se muestran indignados ante la desidia del juzgado quien lo dejó en libertad sin adoptar medidas para evitar su fuga. El letrado de la acusación argumenta que con los indicios de criminalidad contra éste, las penas asociadas al delito que se le imputa y el evidente riesgo de fuga, como así se ha demostrado, eran motivos más que suficientes para haber acordado la prisión provisional, pero en todo caso como mínimo una retirada del pasaporte desde un primer momento -al tratarse de un ciudadano extranjero sin más arraigo en el país que la familia de la propia víctima- y "ni siquiera se estableció la obligación de comparecencia apud acta para firmar periódicamente en el juzgado".

Incluso se da la circunstancia de que tras dejarlo en libertad y acordar la orden de alejamiento que le prohibía aproximarse a menos de 200 metros de su víctima, al residir en la misma casa que su hijastra, el acusado debía abandonar la vivienda y no dio un domicilio alternativo. Hasta tal punto llega lo surrealista del caso que las citaciones del juzgado dirigidas al presunto pederasta seguían llegando al domicilio de la víctima pese a la orden de alejamiento vigente.

Los abusos comenzaron cuando la niña tenía once años, al poco de trasladarse a vivir con ellos el compañero sentimental de su madre. El ahora fugitivo de la Justicia aprovechaba que la mujer estaba enferma en la cama y bajo medicación, para realizarle tocamientos a su hijastra. Asimismo, para que no los sorprendiera el hermano pequeño de ésta, instaba a la menor para que lo encerrara en la habitación y así estar a solas con ella. La pesadilla se prolongó hasta ya cumplidos los quince años, a partir de entonces la víctima le dejó claro que no la volviera a tocar. Pese a evitar nuevas violaciones, el hecho de seguir conviviendo junto a su agresor y que éste tratara de poner a su madre en su contra acabó llevando a la menor a intentar quitarse la vida en mayo de 2019. Tras ser hospitalizada se derrumbó y contó todo el infierno vivido.