La Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo, en el marco de la operación Minguela, ha detenido a tres personas pertenecientes a un clan familiar como presuntas autoras de los delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental y estafa por valor de unos 800.000 euros.

La investigación, culminada este pasado día 22 de enero, se inició en el mes de agosto del año pasado fruto de la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y otros organismos públicos y se centró en un clan familiar, el matrimonio y su hijo mayor de edad -era mero intermediarios- que a través de la figura de un empresario individual autónomo proporcionaba a los agricultores de la provincia de Valladolid mano de obra para el campo.

Los trabajadores eran dados de alta en la Seguridad Social, si bien nunca se abonaban las cuotas estipuladas para tal efecto, por lo que el beneficio neto del autónomo intermediario es del cien por cien, entregando a estos jornaleros un salario mísero por jornadas maratonianas.

Modus operandi

Este grupo comienza su andadura empresarial en el año 2013, con la creación de la primera de diez sociedades dedicadas a la actividad de apoyo a la agricultura.

En su inicio, las empresas individuales figuran a nombre de los dos cabecillas. Cuando la deuda generada por ambos es muy elevada y comenzaban a recibir requerimientos de pago, creaban un entramado de empresas a nombre de allegados o familiares.

Estos nuevos empresarios en realidad ocupan la figura de falsos autónomos (testaferros). La empresa individual desarrollaba la misma actividad, mismos clientes, domicilios y responsables.

Era el matrimonio el que dirigía la actividad, contratando agricultores, cobrando salarios y organizando el trabajo. Los integrantes de la pareja eran reconocidos como 'jefes', aunque legalmente no figuren como tales. Mientras, el testaferro sigue faenando la tierra como hasta el momento.

Con este modus operandi crearon un total de diez empresas que les permitía mantener su actividad hasta la actualidad; las mismas se forman sucesivamente en cascada y había un trasvase evidente de trabajadores entre todas ellas.

Al generar una abultada deuda se abre la siguiente, consiguiendo así una nueva empresa 'limpia' con la que continuar la actividad empresarial.

La deuda generada, casi 800.000 euros, englobaba también las cuotas de autónomos de los nuevos empresarios, las cuales no eran cubiertas.

Los cabecillas también se daban de alta como empleados de sus propios testaferros para generar una vida laboral inexistente y solicitar prestaciones públicas por desempleo, detectándose el cobro de más de 40.000 euros entre ambos.

En el último año y siendo conscientes del volumen del entramado creado, entró en juego el hijo de ambos, quien ocupaba también la figura de testaferro, si bien se mantuvo al corriente de pago, de este modo compaginaban una empresa con deuda con otra 'limpia' para asegurarse poder presentar certificados sin deuda en todo momento.

La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en colaboración con la Inspección de Trabajo.