03 de diciembre de 2020
03.12.2020
La Opinión de Murcia
Violencia en Colombia

Asesinan a un ambientalista colombiano defensor de la Sierra de La Macarena

Javier Francisco Parra Cubillos fue tiroteado por sicarios desde una motocicleta

04.12.2020 | 03:43
El ambientalista colombiano Javier Francisco Parra Cubillos (d) y el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (i) en 2017.

El ambientalista colombiano Javier Francisco Parra Cubillos, uno de los principales defensores de la rica biodiversidad de la Sierra de La Macarena, que incluye Caño Cristales, conocido como "el río más bonito del mundo", fue asesinado a tiros este jueves, informaron las autoridades.

Parra Cubillos, de 47 años y coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena (Cormacarena), fue tiroteado por sicarios desde una motocicleta cuando llegaba a las oficinas de esa entidad en la localidad de La Macarena, en el departamento del Meta, en el centro-sur del país, y falleció poco después a consecuencia de las heridas.

El crimen fue confirmado por la Defensoría del Pueblo, quien definió a Parra Cubillos como "protector de Caño Cristales", también llamado "el río de los cinco colores" por las algas de la especie "Macarenia clavigera" que habitan ese cuerpo de agua y que solo existen en esa zona.

"La defensa del medio ambiente y de la riqueza de bosques y selvas ha convertido a nuestros líderes ambientales en blanco de las mafias criminales. Condenamos el asesinato de Javier Parra, coordinador de Cormacarena, Meta. Sus asesinos deben ser judicializados", manifestó por su parte el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo.

Al rechazo por el asesinato se sumó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien aseguró que no permitirán que "los criminales que están devastando nuestro medio ambiente" intimiden a los defensores de la naturaleza.

Patrimonio natural


La Sierra de La Macarena está dentro de un Parque Nacional Natural que tiene una extensión de 629.280 hectáreas y una rica diversidad en flora y fauna por estar situada en una región donde confluyen los ecosistemas de los Andes, la Amazonía y la Orinoquía.

En sus inmediaciones se encuentra Caño Cristales, una maravilla natural que Colombia empezó a descubrir para el turismo hace cuatro años con la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC que durante décadas tuvo en esa región uno de sus mayores fortines.

Parra Cubillos acompañó en octubre de 2017 al entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en una visita a Caño Cristales y en esa ocasión explicó a los periodistas con detalle las maravillas del lugar y la necesidad de preservar los ecosistemas de La Macarena.

La amenaza de los grupos ilegales


Sin embargo, con la desmovilización de las FARC otros grupos armados ilegales, principalmente disidencias de la antigua guerrilla, comenzaron a ocupar la zona y a provocar incendios forestales para aumentar las áreas destinadas a la siembra de coca, según las autoridades.

En febrero pasado, un incendio destruyó unas 220 hectáreas de bosque en ese Parque Nacional Natural y llegó a poner en peligro la vegetación de Caño Cristales, lo que llevó entonces a la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, a alertar que "la biodiversidad del país no puede ser devastada por los intereses mezquinos de grupos de narcotraficantes".

Parra Cubillos era uno de los más fervientes guardianes de la Sierra de La Macarena, y por eso su asesinato fue condenado incluso por organismos internacionales.

"Condenamos atentado sufrido este jueves en La Macarena, Meta, en el que falleció Francisco Parra, coordinador de Cormacarena. Insistimos a grupos armados ilegales cesar ataques contra civiles y exhortamos a autoridades investigar los hechos. No más violencia", publicó en Twitter la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).

Recompensa oficial


El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, definió a Parra Cubillos como "un verdadero líder en el campo, del medioambiente y la diversidad" y anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos (unos 86.500 dólares) por información que permita capturar a los responsables del asesinato.

"A esos criminales los vamos a perseguir donde estén, a esos criminales hay que decirles que van a caer, porque la vida siempre se impone sobre la muerte, a esos criminales les queremos decir que caerán, porque el Estado existe para defender la vida, y combatir a quienes viven de la muerte, de la violencia y del crimen", afirmó.

Trujillo, que encabezó un consejo de seguridad en Villavicencio, capital del Meta, dijo que fiscales de la Unidad Especializada contra el Homicidio y un equipo de investigación criminal mixto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía se encarguen de esclarecer el caso.

Violencia en Colombia


Más de 400 líderes políticos y sociales han sufrido algún tipo de violencia en Colombia en 2020

La plataforma civil Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia ha denunciado este jueves al menos 411 actos violentos cometidos contra líderes políticos, sociales y comunales en el país durante los primeros diez meses de 2020, tras registrar en el último trimestre un aumento de este tipo de agresiones, una vez las medidas contra el coronavirus entraron en una fase de laxitud.

En el periodo analizado, detalla el informe de la MOE, estos hechos violentos "mantienen la tendencia observada en años anteriores", concentrándose en especial en los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba y Magdalena, todos ellos en la zona oeste del país.

El departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia, es la región que genera más preocupación, ha explicado el director de la MOE, Alejandro Barrios, ya que el territorio es escenario de las disputas entre los distintos grupos armados por las rutas del narcotráfico y los cultivos ilícitos, dejando a la población indígena, afro y campesina en medio de estas confrontaciones.

El informa de la MOE revela además que el 62 por ciento de los 137 asesinatos perpetrados hasta el mes de octubre se han producido en la zonas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), aquellos lugares más afectados por el conflicto armado y en los cuales el Gobierno se comprometió a desarrollar de manera prioritaria los planes de la Reforma Rural Integral, pactada con el acuerdo de paz alcanzado en 2016.

Barrios ha explicado que existen diferencias entre los tipos de agresiones según el liderazgo que ejercían las víctimas en sus comunidades y municipios, pues si bien el patrón seguido con los líderes políticos consiste en "disuadir y controlar su labor por medio de las amenazas", en el caso de los líderes sociales, los agresores "buscan silenciar las voces como primera opción", puesto que en la mayoría de los casos los ataques comienzan con la apropiación del territorio.

A su vez, son los líderes sociales quienes más violencia sufren, casi el 55 por ciento de las agresiones se centran en ellos, de las cuales el 63,5% resultan letales. En porcentajes similares se mueven las estadísticas relacionadas con las amenazas que acaban en asesinato de líderes indígenas y afro, 60% y 55%, respectivamente.

En cuanto a los líderes políticos, los 140 casos violentos cometidos contra ellos implicaron en un 61% a funcionarios electos en 2019. Los ataques consisten sobre todo en amenazas con el fin de controlar los gobiernos locales y con ello a sus vecinos.

Si bien los líderes comunales fueron el sector menos agraviado en cuanto al número de denuncias se refiere --61--, lo cierto es que más del 65% de los ataques han sido asesinatos o atentados, lo que supone además un incremento del 30% en este tipo de episodios con respecto al mismo periodo de tiempo en 2019.

"Esto pone a los líderes comunales en una situación de riesgo particular, con el agravante que estos ciudadanos son la expresión de la democracia en el nivel más cercano a la población", ha denunciado Barrios en el informe de la MOE, del que se ha hecho eco el diario colombiano 'El Espectador'.

Finalmente, el informe detalla que en 91 de los 164 municipios donde se han presentado hechos de violencia contra estas diferentes autoridades locales y comunales opera al menos uno de los grupos armados ilegales, que corrompen el territorio colombiano.

Por ello, la MOE concluye reafirmando la necesidad de un esquema de justicia lo suficientemente reforzado y apoyado por las instituciones del Gobierno para evitar que este tipo de crímenes queden impunes.

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