El juez de Instrucción 20 de València, encargado de dirigir la investigación judicial contra el presunto asesino en serie Jorge Ignacio P. J., ha rechazado, tal como pedía la madre de Marta Calvo, realizar la reconstrucción del crimen de su hija en la casa de Manuel donde supuestamente se produjo el homicidio.

El juez justifica su decisión en el hecho incontestable de que el inculpado "no está colaborando en la investigación del presunto homicidio y la desaparición del cuerpo" y que, además, "se ha acogido de manera reiterada a su derecho a no declarar", incluida su última comparecencia ante el magistrado, hace menos de una semana. Eso sí, el instructor deja abierta la puerta a que la práctica de esa diligencia, la de la reconstrucción, se solicite como una prueba más de cara a la vista oral con jurado, algo un tanto dificultoso por cuanto implicaría desplazar al tribunal completo hasta Manuel.

En un auto emitido el lunes, el magistrado sí considera oportuno, tal como solicitaron tanto la fiscal como las tres acusaciones particulares personadas en la causa, tomarle declaración a nueve de las once mujeres que declararon ya ante la Guardia Civil y ante la Policía Nacional. Entre ellas están las tres supervivientes por las que su abogado, como acusación particular, y la fiscal del caso, como acusación pública, imputan tres delitos de asesinato intentado y tres de homicidio intentado, respectivamente.

La declaración de las víctimas es importante en esta fase porque puede servir de base a la fiscal para solicitar nuevas imputaciones de delitos una vez las hayan escuchado en declaración, dado que son más en el juzgado. De hecho, son más de tres las mujeres que ya explicaron ante los investigadores que creyeron que iban a morir y que llegaron a perder por completo el conocimiento, como consecuencia, presuntamente, de la administración de "bolas de cocaína" por vía genital, tal como recoge el magistrado en su auto del pasado lunes.

En este mismo sentido, el juez ha admitido también otra diligencia solicitada por una de las acusaciones particular: la toma de declaración de las dos compañeras de la primera víctima mortal, Arliene Ramos, que fueron las que le prestaron ayuda cuando estaba convulsionando tras el encuentro sexual con Jorge Ignacio P. J. en la noche del 25 de marzo de 2019. Tal como ha venido publicando Levante-EMV, Arliene falleció nueve días después, el 3 de abril, tras permanecer todo ese tiempo en coma en el Hospital Clínico de València.

En este momento, la muerte de Arliene únicamente está calificada de omisión del deber de socorro, pero la Fiscalía y la acusación particular tratan de remontar ese delito y demostrar que fue, como el resto, un homicidio. Para ello, habían solicitado también que declarasen en esta fase procesal los médicos que atendieron a Arliene, entre otras cosas, para documentar que la muestra de sangre para determinar la cantidad de cocaína no se extrajo al principio, sino cuando ya habían transcurrido varios días, razón que explicaría que el nivel encontrado en su sangre fuera notablemente inferior al detectado, por ejemplo, en el caso de Lady Marcela Vargas, la segunda víctima mortal. En el caso de esta última, el nivel de cocaína en sangre multiplicaba por 20 la dosis letal media.

Todas esas declaraciones han sido fijadas para los próximos 24 de noviembre y 22 de diciembre, en la Ciudad de la Justicia de València