11 de septiembre de 2020
11.09.2020
La Opinión de Murcia
Investigación

Investigan llamadas en prisión del asesino de Marta Calvo con tarjetas ilegales

Solicitan el rastreo de las comunicaciones al sospechar que ha estado hablando con narcos

11.09.2020 | 08:06
Dos de las excavadoras y un camión bañera de los utilizados en la búsqueda del cuerpo.

La Guardia Civil sospecha que el presunto asesino de Marta Calvo ha estado utilizando ilegalmente dos tarjetas de teléfono clandestinas en prisión para ponerse en contacto con narcotraficantes que, consideran los investigadores, serían los mismos que le ayudaron durante los 21 días de fuga e, incluso, a deshacerse del cuerpo de Marta Calvo tras darle muerte presuntamente en su casa alquilada de Manuel el pasado 7 de noviembre.

El grupo mixto de Homicidios formado por agentes de la Comandancia de València y de la UCO ha solicitado ya a la jueza de Alzira, aún no se ha completado procesalmente la unificación de las causas, por lo que hasta que suceda, cada juez decide sobre su procedimiento, la autorización para rastrear esas llamadas, en un intento por encontrar la clave para dar con el paradero del cuerpo sin vida de Marta Calvo, una vez constatado que no estaba en el vertedero de Dos Aguas.

En el oficio de la Guardia Civil, se detalla que, desde el principio, los investigadores sospecharon que Jorge Ignacio debió contar con ayuda para sobrevivir los 21 días que permaneció huido, entre los días 13 de noviembre y 4 de diciembre, cuando se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent. Y rememoran que el único signo que mostró en ese momento para refrendar su versión de que había estado vagando por casas deshabitadas y en el campo es que llevaba barro en las zapatillas y en los bajos del pantalón. Seguramente para "dar credibilidad a su versión", sostiene la Guardia Civil en el escrito.

De hecho, le recuerdan a la jueza que cuando apareció en el cuartel, de madrugada, iba perfectamente afeitado y duchado, "para nada desprendía olor corporal", señalan„, algo que no casa con esa vida de vagabundo, recorriendo en transporte público o andando Silla, Cullera, Alzira y València que dijo haber llevado durante nada menos que 21 días. Aunque negó expresamente en su declaración prestada aquél mismo día en el cuartel de Carcaixent que alguien le hubiese ayudado o que hubiese dormido en casa de algún conocido, los agentes no le creyeron. Por tanto, deducen, es obvio que quien le debió prestar auxilio es alguien del entorno delincuencial del investigado, Jorge Ignacio P. J. es traficante de cocaína en cantidades medias: cumplió 8 años de condena en Italia tras ser detenido con 9 kilos de esa droga y estaba pendiente de un recurso por otro caso en Pamplona.

En el escrito a la jueza de Alzira, los investigadores ponen "en seria duda" que el acusado no recibiera ayuda "de terceras personas", supuestamente esos mismos narcos, o gente de la confianza de ellos, que le habrían escondido después durante su huida„ para deshacerse del cadáver de Marta Calvo, "hipótesis que no se había planteado hasta la fecha", admiten los guardias civiles, pero que ahora, una vez que la búsqueda e el vertedero ha demostrado que la chica nunca llegó allí, cobra cada vez mayor fuerza.

De hecho, dicen, "si pudo mentir acerca de dónde se deshizo del cadáver, también pudo hacerlo en el hecho de que alguien de su entorno pudiera ayudarle". Por todas esas razones, los investigadores consideran imprescindible poder rastrear las comunicaciones realizadas estos meses a través de las dos tarjetas SIM que Jorge Ignacio P. J. ha estado utilizando a escondidas en la cárcel. Se trata de dos tarjetas de una compañía holandesa y tras su detención, la Guardia Civil ya le había intervenido un teléfono en el que tenía una tarjeta de una compañía de ese país que utiliza un sistema de encriptamiento muy difícil de desentrañar llamado EncroChat.

La solicitud de esa intervención está fundamentada en que si Jorge Ignacio ha utilizado esa vía para comunicarse con el exterior, al margen de las llamadas legales que permite Instituciones Penitenciarias a cualquier interno, incluido él, "deben ser para otra intención distinta a saber del estado de sus familiares y allegados, y de charlar con ellos sobre asuntos cotidianos del día a día y sobre inquietudes y circunstancias personales".

A partir de esa diligencia, los agentes creen que pueden avanzar en la identificación de los encubridores de Jorge Ignacio y, sobre todo, que pueden llegar a averiguar qué ocurrió realmente con el cuerpo de Marta Calvo, objetivo prioritario de los investigadores una vez que el presunto responsable de su homicidio está detenido y asegurada su presencia ante la Justicia con su encarcelamiento. El objetivo es intentar averiguar con qué personas ha podido hablar o chatear Jorge Ignacio P. J. haciendo uso de esas tarjetas y saber si las compró o ha estado pagando por su uso esporádico a algún preso a escondidas de los funcionarios de Prisiones.

De hecho, la dirección de la cárcel valenciana, en cuya Enfermería lleva recluido el presunto homicida en serie desde su ingreso el 6 de diciembre pasado, salvo una semana en enero que pasó en un módulo común, le ha restringido las llamadas a cinco teléfonos „tres móviles y un fijo españoles y un fijo colombiano„ porque no ha acreditado que pertenezcan a quien aseguró que pertenecían. Uno de ellos lo identificó como de su abogado, pero no es cierto, y el último, radicado en Colombia, aseguró que pertenecía a su abuela. Sin embargo, no parece ser así, por lo que, desde el pasado día 1, no puede llamar a ninguno de ellos por orden de la dirección. La UTE que explota el vertedero de Dos Aguas cifra en 402.345, 94 euros el importe de la factura por la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo en sus instalaciones, rastreo que se prolongó, sin resultado alguno, por espacio de nueve meses: desde el 18 de diciembre de 2019 hasta este 6 de agosto.

La conclusión de los trabajos de rastreo del cuerpo de la joven, adelantada por Levante-EMV en agosto pasado, ha provocado que las empresas de la UTE hayan cerrado la facturación y que el pasado 1 de septiembre hayan vuelto a recurrir a la jueza de Alzira para pedirle que interceda con el fin de que la Delegación del Gobierno les haga efectivo el pago de los gastos que, durante todo ese tiempo, ha sufragado el vertedero.

En mayo, la UTE ya reclamaba 132.000 euros por los gastos en salarios de operarios, equipos de protección y uso de máquinas industriales como excavadoras y camiones bañera. Nadie había pagado. Tres meses después, al acabar los trabajos, la empresa seguía sin percibir ni un euro, pero la factura no había dejado de crecer, hasta los 402.345 euros mencionados. De hecho, en su última reclamación a la jueza, la UTE asegura que ese impago "hace peligrar el equilibrio financiero" de la misma, por lo que vuelve a pedir que se reclame a la Delegación que asuma el pago, como le obliga la resolución del pasado 30 de mayo.

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