La Policía Nacional ha detenido a once personas de nacionalidad española y venezolana que presuntamente formaban parte de un grupo itinerante de proxenetas que explotaba sexualmente a mujeres originarias de Venezuela en pisos turísticos para encubrir sus actividades delictivas.
Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, han sido arrestadas ocho personas de nacionalidad venezolana y tres españoles, en Almería (3), Granada (2), Alicante (2), Pontevedra (1), Ferrol (1), Coruña (1) y Madrid (1). En la operación se ha liberado a un total de 11 mujeres.
Asimismo, se han practicado nueve registros simultáneos en pisos de Granada (4), Almería (2), Ferrol (1), Pontevedra (1) y Alicante (1), inmuebles que en ese momento regentaba la supuesta organización criminal.
La Policía Nacional ha añadido que se ha decretado el ingreso en prisión para seis de los arrestados, y se han liberado a 11 mujeres.
La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización que se dedicaba a la captación de mujeres jóvenes con una situación de precariedad económica y vulnerabilidad, ofreciendo un trabajo inexistente en el país.
Tras la fase de captación, se llevaba a cabo el traslado de las mujeres que incluía la reserva de hotel, el pago del billete de avión y otros trámites que generaban una deuda económica que tendrían que saldar ejerciendo la prostitución.
Los agentes constataron que se trataba de una red itinerante de proxenetas con una amplia movilidad geográfica, usando viviendas de alquiler turístico que la propia organización contrataba en diferentes ciudades de la geografía nacional.
Durante la investigación se ha comprobado el alquiler de pisos en más de la mitad de provincias de España.
La red desmantelada aprovechaba su amplia movilidad geográfica para ofrecer a las mujeres como "novedades" en las localidades donde eran trasladadas, lo que les proporcionaba un mayor beneficio económico.
Las mujeres eran controladas bajo amenazas y coacciones en todo momento, llegando a ser agredidas físicamente para someterlas al pago de la deuda contraída, deuda que además aumentaba si no cumplían con los plazos establecidos para hacer efectivo el pago.
Los movimientos y los contactos que las mujeres tenían con terceros eran siempre supervisados, además de auditar sus servicios sexuales sin permitir que descansaran. La organización también les ofrecía la posibilidad de regularizar su situación en España a cambio de una contraprestación económica.
Además de la explotación sexual de mujeres, se dedicaban al tráfico de drogas a pequeña escala bajo las directrices de los miembros de la organización que ocupaban los escalones más altos.
