El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha acordado la noche de este sábado prisión provisional comunicada y sin fianza para el dueño de la funeraria El Salvador, implicada en una supuesta estafa de ataúdes, y prisión provisional eludible con fianza de 800.000 euros para su hijo.
Según ha informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad a través de un comunicado, además el juzgado ha decretado libertad provisional para los otros 13 detenidos en la operación por presuntas prácticas irregulares en la empresa funeraria.
Los 13 detenidos puestos en libertad son investigados en una causa abierta por delitos continuados de falsedad y estafa, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.
Desde las nueve de esta mañana han ido pasando a disposición judicial los 15 detenidos por el caso de la supuesta estafa que durante al menos dos décadas realizó la funeraria El Salvador en Valladolid, que a la hora de incinerar cambiaba los ataúdes de alta calidad por otros más baratos para revenderlos.
Las mismas fuentes han precisado que se trata de una calificación jurídica genérica y provisional y que serán las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial las que permitan esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.
El juzgado investiga, entre otras actividades presuntamente irregulares, si se retiraban los ataúdes antes de la incineración y se revendían.
De acuerdo a las mismas fuentes, las diligencias tienen su origen en 2017, y en el marco de esa investigación, el pasado jueves la Policía Nacional practicó por orden judicial siete entradas y registros en domicilios particulares y empresas de la capital y de la localidad de Santovenia de Pisuerga.
En el registro del domicilio de uno de los directivos de la funeraria se hallaron cerca de un millón de euros, según explicó el pasado viernes la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones.
Fuentes del Superior de Justicia han explicado que tras dichos registros, el Juzgado acordó levantar el secreto en la pieza principal, mientras que se mantiene secreta una pieza separada.
De acuerdo a lo detallado por la delegada del Gobierno el pasado viernes, se trata de una supuesta estafa con miles de casos, por varios millones de euros, que durante al menos dos décadas, entre 1995 y 2015, se realizó desde ese grupo funerario, que a la hora de la incineración cambiaba ataúdes de alta calidad por otros más baratos para luego revenderlos, y lo mismo hacía con las coronas de flores.
