La Policía Nacional de Elche ha detenido a los tres okupas que se adueñaron de la vivienda de una mujer aprovechándose que padecía una enfermedad mental en San Antón, como ya denunció el diario LA INFORMACIÓN hace poco más de un mes. La víctima acabó en Cáritas. El clan familiar, formado por tres personas, se instaló en la vivienda contigua a donde vivía la víctima. Con el tiempo, fueron ganándose su confianza hasta que lograron engañarla y acabaron conviviendo con ella. Ahí empezaron los problemas. Según apuntó entonces la Fiscalía en una querella presentada ante el Juzgado de Instrucción 3 de Elche, y ha confirmado la Policía Nacional de Elche, que asumió la investigación del caso, los detenidos se hicieron con los datos bancarios de la víctima para apropiarse de su pensión y transferirle a su cuenta, dejándole sin dinero para pagar la hipoteca. También le hicieron firmar un contrato por el que le alquilaban la vivienda okupada por apenas 77 euros,

Los servicios sociales recomendaron a la víctima abandonar su casa y refugiarse en Cáritas para evitar que empeorara su enfermedad mental. De hecho, el caso llegó a Fiscalía de la mano de dos trabajadoras sociales que interactuaban con la víctima, y que al tener conocimiento de lo que estaba sucediendo, lo pusieron en manos de los Juzgados.

Durante su estancia en la vivienda, uno de los arrestados le sustrajo, presuntamente, las llaves de su coche y ya no volvió a verlo, porque lo habría vendido, y otro llegó a ganarse por completo su confianza consiguiendo que le diera las claves de seguridad de su cuenta bancaria, las cuales utilizaba de manera fraudulenta para presuntamente realizar una extracción mensual de 340 euros.

El clan también llegó a conseguir la documentación personal de la víctima, logrando con ello cambiar la domiciliación mensual de la prestación que ésta cobraba a una de las cuentas personales de uno de los detenidos, quedando presuntamente como beneficiario de ese dinero.

El caso

Sin casa, sin coche, con la cuenta corriente a cero para el pago de la hipoteca y su día a día e ingresada en la unidad de Salud Mental del Hospital debido al empeoramiento de su enfermedad por el estrés que todo esto le había acarreado. Así ha acabado una vecina del barrio de San Antón después de sufrir durante más de un año las amenazas y agresiones de una pareja de okupas que se instalaron en su edificio y que, poco a poco, fueron despojándola de todos sus bienes. Así lo apuntan los informes de los trabajadores sociales que le han valido al Ministerio Fiscal para presentar una querella contra las tres personas que le han hecho la vida imposible a esta mujer desde principios de 2017, y a las que se le acusa de estafa, coacciones y amenazas, entre otros delitos. De hecho, fue Bienestar Social, tras recibir el caso remitido desde el Centro de Salud de Altabix, quien le buscó a la mujer un alojamiento en Cáritas y le recomendó que abandonara su vivienda ante la situación que vivía, por su salud mental. La edil de Bienestar Social, Tere Macià, ha apuntado esta mañana que llevan meses prestando ayudas de todo tipo a esta mujer, en materia habitacional, en cuanto a alimentos, y de emergencia social.

La pesadilla para esta ilicitana comenzó cuando a principios del pasado año una pareja ocupó de forma ilegal la vivienda contigua a la suya. Estos se percataron entonces de que la perjudicada era especialmente vulnerable. Según el relato de hechos de la Fiscalía, estos se habrían aprovechado de la dolencia para ganarse su confianza. Una de las okupas llegó a empadronarse en la vivienda de la víctima, para luego empadronar a sus hijos. Pero los problemas de verdad comenzaron cuando la otra pareja consiguió meter en la casa de la mujer a un familiar, obligándola a convivir con él.

Esta situación le llevó a empeorar en su enfermedad hasta tal punto de que tuvo que ser hospitalizada el pasado verano. Pero la situación no cesó tras ser dada de alta. Los tres acusados aprovecharon el tiempo que uno de ellos convivió con la mujer para supuestamente robarle la cartilla del banco y el pin de la tarjeta, por lo que le fueron sustrayendo dinero durante meses hasta el punto de que no pudo hacer frente al pago de la hipoteca ni siquiera de las facturas de agua y luz.

La historia, por desgracia, no acaba aquí. El hombre que entró a vivir con la víctima llegó a robarle su vehículo, que actualmente se encuentra en paradero desconocido y se sospecha que puede haberse vendido sin el consentimiento de esta.

La mujer, harta de la situación vivida, terminó huyendo de su casa y buscó refugio en Cáritas, donde tuvieran que atenderla al quedarse sin casa y sin dinero para subsistir.

Ingresada

El calvario vivido ha llevado a la víctima en la actualidad a un centro de Salud Mental, donde permanece ingresada a día de hoy. La pareja de okupas, junto al otro familiar, continúan usurpando la vivienda a día de hoy y, según ha podido conocer este diario a través de fuentes judiciales, han llegado incluso a realizar obras en el inmueble sin el permiso de los propietarios, como la instalación de parqué o el cambio de las cerraduras. Además, el enganche a la red de luz y agua es ilegal, según la investigación del Ministerio Público. Fuentes policiales confirmaron que hace tan solo unos días se personaron en el inmueble para comprobar todos estos extremos, por lo que, más de un año y medio después, constataron que no se ha solucionado el problema.

La querella presentada por el Ministerio Fiscal tiene como objetivo que el juzgado de instrucción donde recaiga la causa investigue los hechos y actúe para devolver la vivienda y los bienes a su legítima dueña.