La Policía Nacional ha desarticulado en Benidorm una organización criminal que daba de alta en la Seguridad Social a falsos trabajadores para que estos cobraran prestaciones económicas o lograran la residencia en España.

El fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social sobrepasa los 120.000 euros, y la operación, que se ha desarrollado a lo largo de dos años y medio, se ha saldado con 38 detenidos, según ha informado este sábado la Policía Nacional.

La investigación comenzó en enero de 2016, a raíz de la información aportada por un ciudadano marroquí víctima de este fraude, y se ha desarrollado en tres fases.

En las dos primeras fases, en abril y mayo de 2016, se detuvo al "cabecilla" de la trama junto con dos administradores de dos empresas implicadas, tres empleados contratados de forma ficticia y trece trabajadores ficticios.

El "cabecilla" se ofertaba como "conseguidor" de contratos de trabajo para que pudiesen optar a un permiso de residencia o cobrar subvenciones y acceder a préstamos bancarios u otros beneficios derivados de la inscripción en el sistema público de la Seguridad Social, a cambio de un pago por estos servicios fraudulentos.

Esta persona actuaba como nexo entre ciudadanos que necesitaban un contrato de trabajo y los empresarios que, en algunos casos, permitían y tenían conocimiento del alta de trabajadores en sus firmas, recibiendo en contraprestación cantidades de dinero.

La tercera fase se desarrolló entre diciembre del año pasado y el 22 de mayo de 2018, con la detención de 19 trabajadores contratados de forma ficticia.

Durante dos años y medio de investigación, la Policía Nacional ha cruzado datos con informes aportados por la Inspección Provincial de Trabajo, la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Alicante, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio de Empleo Estatal y la Tesorería General de Seguridad Social.

Con esta operación se ha detenido a 38 personas de distintas nacionalidades, la mayoría de las cuales consiguieron contratos de trabajo en diversas empresas con el fin de cobrar prestaciones, obtener o renovar residencia, lograr préstamos o acumular tiempo de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social para ejecutar derechos en un futuro.

Los perjuicios económicos sufridos por el Servicio Público de Empleo Estatal derivados de los pagos realizados a los supuestos trabajadores en concepto de prestaciones y subsidios por desempleo y pase a situación de jubilación superan los 120.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Benidorm.