El Gobierno alargará la regularización hasta octubre para los migrantes con problemas para acreditar los antecedentes penales

El Gobierno permirtirá ampliar el plazo para cursar y tramitar las solicitudes para la regularización extraordinaria a aquellas personas con problemas con sus países de origen para obtener el certificado de antecedentes penales. Así lo recoge el último borrador elaborado por el Ministerio de Inclusión y que publicará presumiblemente este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y que habilita unos plazos especiales para parte del más de medio millón de potenciales beneficiados.

Una de las principales líneas rojas que se ha marcado el Gobierno para articular el proceso de regularización que ha iniciado esta semana es poder defender que conceder más derechos a centenares de miles de personas que ya viven en España es compatible con no acoger a personas que representen "una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública", según reza el texto. Para ello, entre los ministerios implicados ha habido un debate interno -en el que ha participado también el Consejo de Estado- sobre los requisitos necesarios y el principal será poder certificar que la persona interesada carece de antecedentes penales ni en España ni en su país de origen durante los últimos cinco años.

Cómo acreditar este punto ha generado divergencias. Los primeros borradores intercambiados entre departamentos aseguraban que, en caso de que una persona no pudiera obtener a tiempo un certificado penal, bastaría con una declaración responsable de las personas interesadas para acceder a la regularización. Entre las comunidades migrantes existe preocupación de que no todos los países sean igual de diligentes a la hora de conceder la documentación requerida y los tiempos habilitados por el Gobierno español -dos meses y medio de plazo oficial- no las han tranquilizado.

Tanto el Consejo de Estado como el Ministerio del Interior discutieron la idoneidad de dar como válida. "La declaración responsable resulta inadecuada para un proceso masivo de tramitación que afectará a un número muy elevado de personas, que permite relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso y que abre la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares en el cumplimiento de un requisito de carácter general exigido por la Ley Orgánica de Extranjería", resolvió el órgano consultivo en su dictamen.

Finalmente, el Ejecutivo ha resuelto suprimir esta declaración responsable a cambio de conceder mayor margen temporal a las personas solicitantes para lograr los papeles. Un margen que permitirá alargar la tramitación y la busqueda de ese certificado de antecedentes. El proceso de solicitudes se abrirá el 16 de abril y concluirá el 30 de junio, aunque, 'de facto', aquellos que demoren hasta última hora su solicitud por problemas para gestionar esa documentación (u otra) podrán irse, en su grado máximo, hasta octubre de este año para resolver.

Intermediación del Gobierno

Según recoge el último borrador, cuando una persona curse su solicitud de regularización deberá presentar uno de estos tres documentos. El primero será el propio certificado de antecedentes penales de su país de origen, emitido por la autoridad gubernamental del mismo. En Barcelona, por ejemplo, ya hubo sonadas colas delante de consulados como el de Pakistán -una de las comunidades extranjeras más numerosas en la capital catalana- para solicitar esta documentación.

El segundo, un formulario oficial facilitado por la Seguridad Social en el que el inmigrante declara que le ha pedido al gobierno de su país de origen ese papel, pero todavía no se lo ha entregado. Y, el tercero, una autorización, también vía forumulario oficial, al Gobierno de España para que contacte con las autoridadades de su país de origen para recabar la información.

En los dos últimos supuestos, el Ejecutivo se compromete a asumir ese trámite de contacto con las autoridades de terceros países. La intermediación persigue agilizar situaciones con países en situaciones anómalas, como en guerras internas o externas. El Gobierno español se da tres meses, en los que la solicitud quedará en suspensión, para lograr el certificado de penales. Si fracasa, le concede 15 días al migrante residente en España para que haga él un último intento. Si no lo consigue, su solicitud quedará desestimada. De facto, lo que está habilitando el Gobierno es un plazo adicional de un trimestre y medio para que esa persona siga intentando por sus propios recursos, formales o informales, la documentación requerida.

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