La exsecretaria general de Medio Ambiente niega que presionara a funcionaria para que apoyara el proyecto de Novo Carthago

La exsecretaria general de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma María Reyes Sánchez ha negado este jueves que presionara a una funcionaria para que votara a favor de la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y hacer viable el proyecto urbanizador Novo Carthago en terrenos protegidos medioambientalmente junto al Mar Menor.

Al intervenir como testigo en la séptima sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Murcia contra siete acusados, entre los que se encuentran los exconsejeros regionales Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, Sánchez ha negado en reiteradas ocasiones que se reuniera en su despacho con la funcionaria con esa finalidad.

Y ha añadido que no sabía que esa funcionaria votaría en contra de la modificación del PORN en la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, como así ocurrió, para señalar también en otro momento del interrogatorio del fiscal que no intervino en la redacción de la Orden que acordaba el reinicio del expediente de aquel instrumento.

En esta nueva sesión ha intervenido igualmente como testigo el que era el principal responsable de la empresa promotora del proyecto, Hansa Urbana, Juan Rafael Gálea, quien ha manifestado que cuando se compraron los terrenos a urbanizar desconocía que algunos estuvieran protegidos medioambientalmente, ya que de eso se ocupaban los técnicos.

Ha comentado que la única presentación del proyecto a la que acudió fue la celebrada en julio de 2003 en un hotel de La Manga del Mar Menor, ya que antes, “para no crear falsas expectativas”, no se había organizado ninguna otra.

Gálea, a preguntas del fiscal, que se interesó por el tema, ha quitado importancia al hecho de que fuera invitado a la boda de la hija del expresidente regional Ramón Luis Valcárcel.

Y ha añadido que esa invitación no suponía que a raíz de “Novo Carthago” hubiera nacido una especial amistad entre ellos, ya que ha comentado que al enlace “acudió media Murcia”.

La sesión ha comenzado con la testifical de Ángel Luna, que fue asesor jurídico de Hansa Urbana, quien ha indicado que a lo largo de la tramitación del proyecto urbanizador participó en varias reuniones celebradas en la Comunidad Autónoma y en el ayuntamiento de Cartagena, “siempre con técnicos, nunca con cargos de director general para arriba”.

Ha añadido que no le sorprendió que algunos de los terrenos adquiridos para desarrollar el proyecto urbanizador estuvieran protegidos, ya que la ley permitía su reclasificación.

La vista oral continuará el veinte de octubre con la declaración como testigos de Valcárcel y Francisco Marqués, este, como exconsejero de Obras Públicas., entre otros.

En las dos primeras sesiones de la vista oral declararon cuatro de los siete acusados, entre ellos, el exconsejero regional de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, ya que los otros tres, incluido el exconsejero de Medio Ambiente Antonio Cerdá, pidieron hacerlo al final, cuando hayan sido practicadas las demás pruebas.

A los siete acusados, exaltos cargos regionales, se les atribuye el remover los obstáculos legales para hacer viable la construcción de diez mil viviendas, hoteles y campo de golf en terrenos protegidos ubicados junto al Mar Menor, dentro del término municipal de Cartagena.

Tanto el fiscal como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación popular, señalan como principal responsable de los hechos al que era entonces, hace ahora más de veinte años, consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá.

La Fiscalía reclama para él tres años y medio de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo como presunto autor de los delitos de falsedad y prevaricación.

Para el exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana solicita, por el supuesto delito de prevaricación, seis años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.