El CGPJ rechaza anular el acuerdo que inhabilitó a Baltasar Garzón como juez

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este miércoles anular el acuerdo que en 2012 expulsó a Baltasar Garzón de la judicatura, tras inadmitir la petición hecha por este exmagistrado, que ve carente de fundamento.

Garzón había pedido al CGPJ que revisase y anulase la decisión que le llevó a perder su condición de juez y con la que este órgano cumplió la sentencia del Tribunal Supremo, que en 2012 condenó al exmagistrado a 11 años de inhabilitación por haber autorizado escuchas de las conversaciones de detenidos en prisión provisional con sus abogados, dentro del caso Gürtel.

El pleno del CGPJ considera que mientras la sentencia del Tribunal Supremo "no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula" es una sentencia válida que está obligado a cumplir, como señala el artículo 118 de la Constitución Española, según ha informado el órgano de gobierno de la judicatura.

El exmagistrado basó su solicitud en un dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en julio de 2021, que declaró que la sentencia del Tribunal Supremo había violado los derechos fundamentales del exmagistrado.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que a Garzón se le vulneró el derecho a "que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior,” dado que fue "condenado penalmente por el Tribunal Supremo sin posibilidad de revisión del fallo condenatorio y de la pena".

El exjuez, que a finales de mes cumple 70 años, edad de jubilación ordinaria de los magistrados, buscaba un regreso simbólico a la carrera judicial.

En paralelo, Garzón también solicitó al Ministerio de Justicia que borrase sus antecedentes penales tras haber cumplido su condena de inhabilitación, una petición que fue apoyada por la Fiscalía.

Por otra parte, la Comisión Permanente del CGPJ sí acordó el pasado mes de septiembre iniciar un expediente de rehabilitación ordinaria del magistrado, un trámite que se puede alargar hasta seis meses y que exige una serie de informes, por lo que no finalizará antes de que Garzón cumpla 70 años.