Cambios en la ley de violencia de género y más medidas de sanción: el 'plan de choque' de las expertas contra la violencia institucional machista

"Gracias por este informe... estoy segura de que esto hará que más mujeres sigamos con vida", ha agradecido este viernes una superviviente de la violencia machista en el acto de presentación del primer estudio del Observatorio Estatal de las Violencias Institucionales Machistas (OVIM). Las autoras reclaman cambios en la ley orgánica contra la violencia de género para que se prohíba explícitamente el falso Síndrome de Alienación Parental, se regule la gestión de las custodias en padres maltratadores y se implementen mecanismos de sanción cuando un agente de las instituciones actúe de forma negligente. El informe, que ha avanzado EL PERIÓDICO, señala a más de 180 instituciones, especialmente a los juzgados que, en vez de proteger a las víctimas del machismo, las vuelven a violentar.

Según el informe del OVIM, la violencia que ejercen las instituciones sobre las mujeres impacta en el ejercicio directo de sus derechos fundamentales. En el 84% de los casos no se permite la reparación de la violencia machista; en el 79% no se previenen estas violencias; en el 59% tampoco se cumple con la obligación de perseguir e investigar las denuncias y en el 37% estas violencias no se sancionan. "Estamos hablando de que las instituciones son responsables de garantizar, respetar y hacer cumplir estos derechos, y no ocurre", ha denunciado Júlia Vega, una de las portavoces del observatorio.

El pacto de Estambul

Según estas expertas, pues, el derecho fundamental más pisoteado es el de la reparación integral (82,8%), recogido en el convenio internacional de Estambul, ratificado por España, seguido del de la seguridad (68,2%), acceder a un recurso electivo (66,7%), a la protección en el seno de la familia (52%) o al interés superior del menor (50%).

En este sentido, el informe recoge hasta 40 recomendaciones y propuestas de cambio para que las instituciones traten de poner fin y abordar esta violencia. "Primero, algo tan sencillo como que se apliquen las leyes ya existentes. Pero también es importante que las violencias institucionales machistas se nombren en las leyes, porque lo que no se nombra, no existe", explica Marina Oliva, coautora del informe. Si bien es cierto que la legislación catalana reconoce la violencia institucional, la ley orgánica estatal no lo hace.

La ley orgánica estatal

De hecho, las autoras de este informe opinan que habría que introducir algunos cambios en la ley estatal. "Debe prohibir explícitamente el uso del falso Síndrome de Alienación Parental y las visitas de los agresores. La ley dice que es una excepción pero la realidad es que es la norma", apunta Oliva. A su vez, proponen fórmulas para escuchar a los niños, así como a las mujeres migrantes. "En algún caso se les negó el servicio de traducción", apunta Vega.

Respecto a las mujeres migrantes, reclaman un cambio urgente en la ley de extranjería que permita que las mujeres migrantes sin permiso de residencia que denuncian ser víctimas de violencia sexual tengan los mismos derechos de las que denuncian violencia en la pareja o tráfico de seres humanos: es decir, que se las autorice a residir y trabajar legalmente en España. "Hay casos en que a raíz de una denuncia se han iniciado procesos de deportación; las mujeres tienen mucho miedo", cuenta Oliva, que además reclama que no se deba terminar el procedimiento para poder reclamar esta protección. "Que sirva la acreditación de víctima de los servicios públicos", propone Oliva.

Supervisión y sanción

Las expertas también piden que haya mecanismos de supervisión y sanción para los profesionales de las administraciones, y que estos sean transparentes y accesibles. "Hay mujeres que sí hacen la queja pero no se revela la respuesta, lo que ocurre después, y esto, sumado a la falta de mecanismos de sanción, genera una sensación de impunidad gravísima", sigue Oliva.

De hecho, la coautora del estudio reclama que las instituciones asuman que el maltrato a las mujeres es un patrón, que es estructural, y por ello pide que se tomen medidas al respecto que puedan ir de la formación a las condiciones laborales, la publicación de datos o el cambio de normativa. "Si se ve como un problema aislado de un profesional, ellos se quitan la responsabilidad. Hay que dejar de hablar de casos excepcionales", lamenta Oliva.