Violencia política de género: la más tolerada (y desconocida) de las violencias contra las mujeres

Insultos, amenazas de violación, acoso a la familia, difamación, torpedeo de su participación pública e incluso feminicidio... Hay una violencia de género específica que se ceba con las mujeres para acabar con sus carreras políticas y disuadir al resto de entrar en la vida pública. Invisibilizada, aceptada y normalizada en Europa, en España se ha empezado a hablar de ella en esta legislatura. América Latina, vanguardista en esta lucha, puede mostrarnos el camino para combatirla.

Los ejemplos son innumerables. Diputadas, alcaldesas, ministras, lideresas, máximas mandatarias y candidatas de todos los partidos son blanco de ataques diarios. Lo hemos visto hace poco con Sanna Marin, los insultos a la diputada socialista Laura Berja o las barbaridades vertidas contra la ministra Irene Montero en sede parlamentaria.

Una problemática generalizada

Muchas personas justifican estos comportamientos como el coste que hay que pagar por estar en la primera línea política. Se acepta, es 'normal', algo que siempre pasa.

La experta en violencia política de género y asesora de ONU Mujeres en esta materia, Laura Albaine, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que esta violencia es "un problema de derechos humanos que impacta en la calidad de la democracia", una "problemática generalizada" que requiere de una "atención inmediata" porque la mitad de la población "está siendo violentada cuando intenta ejercer sus derechos políticos y electorales de forma plena".

Persigue disciplinar a las mujeres, dejarles claro que están transitando por un espacio hostil, un lugar donde sólo pueden estar los hombres. Adopta múltiples formas, incluso el asesinato, como desgraciadamente saben en Latinoamérica.

"La violencia política usa tipos de violencia de género legalmente reconocidos, como pueden ser la violencia psicológica, la simbólica, la económica e incluso, en América Latina, hemos tenido femicidios motivados por violencia política de género", sostiene Albaine, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires.

El 'coste' de estar en política fue el más alto posible para la hondureña Berta Cáceres, la boliviana Juana Quispe y la brasileña Marielle Franco. Las tres mujeres fueron asesinadas por ejercer sus derechos políticos.

Preservar el statu quo

Esta violencia, asevera la experta, "busca obstruir o impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres por el mero hecho de serlo. Preservar el statu quo de la política como un espacio cuasi exclusivo para los varones, un espacio masculino de dominación. Sabemos que más allá de todos los avances que hemos logrado en materia legal, incluso con la paridad, persisten estas prácticas discriminatorias y violencias hacia las mujeres", subraya Albaine.

La humillación, apagarle el micrófono mientras habla, decirle que tiene la regla o está menopáusica, llamarla bruja, o gorda, o flaca, sugerir que ocupa el cargo por favores sexuales, escrutar su vida privada, comentar su vestimenta, diseminar bulos machistas, la ridiculización, el acoso... Comportamientos exacerbados por el uso de la tecnología.

En redes sociales, las políticas son controladas y atacadas por turbas que buscan que abandonen ese espacio, acallar su voz. Muchas cierran sus cuentas, otras dejan su carrera pública. Sus trayectorias políticas se ven afectadas por la violencia, que impacta en el número de mujeres candidatas, en las aspiraciones de las que persisten, y también les causa un grave daño psicológico.

"Vemos, especialmente en el caso de América Latina, que cuando este tipo de situaciones no se atienden desde las instituciones pueden escalar a niveles mayores", advierte la politóloga.

Tiene el mensaje, implícito o explícito, de que las mujeres no tienen que participar en el ámbito político, donde suelen ser violentadas, así que es mejor que se queden en el ámbito privado. "Hay que trabajar mucho en identificar esa problemática, en desnaturalizarla porque la sociedad tampoco la logra ver", precisa la experta.

América Latina empezó a nombrar y reconocer la violencia política hace casi 30 años, en la Convención do Belém do Pará. Doce países latinoamericanos cuentan ya con legislaciones en la materia (algunos dentro de las leyes contra la violencia de género, otros en las normas electorales, algunos con específicas) y, a nivel regional, se impulsaron la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres (que incluye desde la definición y las manifestaciones a las sanciones y medidas de reparación) y un protocolo modelo destinado a los partidos políticos.

El aval social

En España, apenas se empieza a hablar de violencia política contra las mujeres. La titular de Igualdad ha empezado a usar este término, que ha definido como una estrategia que elige el adversario "para intentar destruir personalmente a las compañeras que temporalmente están al frente y disciplinar con ello a todas las demás" y frenar avances democráticos.

La exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega contó el pasado 25 de noviembre, día contra la violencia sobre las mujeres, que es necesario pelear para que la mitad de la población siga ejerciendo la política sin que las machaquen, las insulten, las violen o las dejen sin espacio. Recordó entonces la violencia que sufrieron ella, Leire Pajín y Bibiana Aído en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Laura Albaine destaca que esta cuestión se debe instalar en el debate como paso necesario para el empuje institucional.

"Al reconocer el problema aparece la posibilidad de denunciar y es necesario que las instancias de denuncia sean efectivas. (...) Imagínese que hay mujeres que tienen que denunciar a su propio líder", señala la experta. Porque no sólo los oponentes políticos e ideológicos ejercen violencia, la hostilidad también puede estar dentro de la propia organización, donde no sólo no hay apoyo, sino que se lleva a las mujeres a un límite que las hace abandonar su actividad.

Otra clave para combatir esta violencia, aclara, es apelar a estrategias de sororidad entre las políticas, con independencia del partido o la ideología en los que se muevan. Y es importante contar con aliados varones que denuncien y rechacen esta violencia, en un contexto en el que líderes políticos y los partidos la toleran o minimizan, lo que dificulta que se legisle para combatirla.

Las redes sociales pueden ayudar a proteger a las mujeres y a desterrar el odio y la violencia contra ellas. En Argentina, por ejemplo, ONU Mujeres puso en marcha un manual para ayudar a las líderes a utilizarla de forma segura, evitar que les lleguen comentarios ofensivos y luchar contra el acoso.

Por último, y esto es esencial, la sociedad debe rechazar estas manifestaciones repudiables de violencia, no pasarlas por alto. "Suele haber como una celebración cuando se violenta a una mujer. El aval social debe acabar", concluye la experta.