ANDALUCÍA

Las claves de la ley del regadío en Doñana: una polémica política y ambiental de alcance europeo

La medida que tramita el Parlamento andaluz de la mano de PP y Vox permitirá calificar centenares de hectáreas de suelos forestales para “su consideración como agrícolas regables con agua superficial”

Las claves de la ley del regadío en Doñana: una polémica política y ambiental de alcance europeo.

Las claves de la ley del regadío en Doñana: una polémica política y ambiental de alcance europeo.

Isabel Morillo

El Parque Nacional de Doñana, patrimonio de la humanidad por la Unesco, es el principal humedal de Europa y una de las reservas medioambientales destacadas de la biosfera. En un momento de grave sequía, con estragos por el cambio climático y cuando hace años que se suman avisos de que se está secando el acuífero que nutre de agua el parque por la sobreexplotación de la agricultura intensiva, los ‘pinchazos’ de pozos ilegales y el turismo, la medida que tramita el Parlamento andaluz de la mano de PP y Vox ha encendido las alarmas más allá de las fronteras españolas. Los detractores de la legalización de más regadíos alertan del deterioro en la marca reputacional de los frutos rojos de Huelva y de toda la política medioambiental española.

¿Qué dice la proposición de ley de PP y Vox?

La Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva) legisla un cambio en la clasificación de 1.600 hectáreas de suelos forestales para “su consideración como agrícolas regables con agua superficial”. No toda la zona pasará automáticamente a tener título de suelo agrícola. Una oficina técnica irá supervisando, caso a caso, unas 650 explotaciones agrarias y un millar de agricultores que en 2014, por un plan de reordenación del suelo en el entorno de Doñana de la Junta de Andalucía, fueron catalogadas como suelo forestal.

La proposición, tramitada por PP y Vox, no recoge ninguna cifra pero el actual Gobierno de Andalucía ha estimado que aproximadamente la mitad pasarán a ser de regadío. Todo queda condicionado a la obtención de derechos de agua, que dependerá de que haya recursos y de obras hidráulicas pendientes de ejecución. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno de la nación, ya ha dejado claro que no hay agua en mitad de la peor sequía en décadas y que no hay excedentes de los trasvases previstos. Los regantes tendrán suelo catalogado como cultivable pero no tendrá agua. Se espera que la iniciativa, que se tramita por urgencia, vea la luz antes de julio.

¿De dónde viene este conflicto con los agricultores del Condado de Huelva?

La Asociación de Agricultores del Condado y la Plataforma en Defensa de los Regadíos de Doñana articulan la presión y las protestas. Representan, según sus propios datos, a 1.500 agricultores que denuncian que tienen “un futuro incierto por las presiones administrativas, medioambientales y comerciales”. El boom del plástico y de la fresa en el entorno de Doñana llegó en los 80 y costó años y años poner orden en la proliferación de invernaderos que asfixiaban al Parque Natural. Era una mina de oro. El Gobierno andaluz, entonces del PSOE, tardó mucho y aprobó un primer decreto hace justo veinte años, un Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana de 2003. Eso sí, tardó otros diez años en sacar un segundo decreto, en 2014, que tomó medidas concretas y que plasmó en un Plan Especial de las zonas de regadío al norte de la Corona Forestal de Doñana. Un documento que viene a enmendar la proposición de ley que ahora se va a comenzar a tramitar.

¿Qué ha dicho la comunidad científica?

El presidente del Consejo de Participación del Parque, el biólogo Miguel Delibes, reclama consenso y advierte de que la proposición de ley de PP y Vox es “muy negativa” porque “genera tensión” y “alimenta el conflicto” en un momento que consideró “dramático”. El director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, Eloy Revilla, advirtió de que el Parque Nacional está en "estado crítico" y que "más de la mitad de sus lagunas han desaparecido".

La actividad científica arroja resultados desoladores y los científicos están convencidos de que no hay que dar más licencias de regadío sino poner orden en la "proliferación descontrolada" de explotaciones agrarias que está esquilmando el acuífero. Los científicos alertan de que no se pueden cerrar los ojos a la realidad y de un “deterioro generalizado” del Parque, con la pérdida de las lagunas, que afectan a todo tipo de fauna (aves, anfibios, insectos...) y mortandad de árboles.

¿Qué hará el Gobierno de la nación?

El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha dejado claro que acudirá al Tribunal Constitucional. El diálogo bilateral entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación está roto. Han existido dos reuniones entre el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que se celebraron el 28 de diciembre y el 27 de febrero. El Gobierno pidió que no se registrara ninguna iniciativa pero PP y Vox en el Parlamento andaluz siguieron adelante. La Junta de Andalucía insiste en tender la mano al consenso y acusa al Gobierno de no querer sentarse.

¿De qué advirtió la Comisión Europea por carta?

La Comisión Europea envió una carta a la Embajada Permanente de España ante la Unión Europea para mostrar su indignación por el nuevo plan de regadíos para Doñana registrado por PP y Vox en el Parlamento andaluz. La misiva, que anuncia sanciones y deja claro que si esa proposición de ley sigue adelante acudirá de nuevo a los tribunales, está firmada por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer.

“De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de los dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia. Ante esta situación, la Comisión tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que se solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias”, recoge la carta.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, envió una nota al presidente andaluz para hacerle llegar la carta enviada por la Comisión "advirtiendo duramente contra la nueva iniciativa que, de manera incomprensible, está auspiciando" el Ejecutivo autonómico, indica. Ribera emplaza a "encontrar un espacio de entendimiento lo antes posible" pero no ha habido contactos.

¿Qué tienen que ver las elecciones de mayo en esta nueva regulación del suelo?

No es la primera vez que se legisla en el Parlamento andaluz sobre este asunto. Ya hubo una primera proposición de ley que se registró en diciembre de 2021 y cuya toma en consideración se votó en febrero de 2022, con la abstención del PSOE, que entonces se enfrentó al Gobierno de la nación. Esa iniciativa decayó al disolverse la Cámara por las autonómicas del pasado junio.

Ahora se retoma con las elecciones municipales de mayo condicionando todo el proceso. Huelva es una zona muy sensible en el mapa político andaluz. El PP sueña con ganar la alcaldía de la capital al PSOE y hacerse con la Diputación onubense. Todo lo que ocurra en los pueblos de alrededor de Doñana, que tienen una difícil convivencia con el Parque Natural, es fundamental ante las municipales del próximo mayo. Entre los municipios hay tres alcaldes socialistas y dos independientes (Almonte y Lucena del Puerto). En todos ganó el PP en las pasadas autonómicas de junio. En muchos pueblos de Huelva, en las generales, Vox, que lleva la voz cantante en la iniciativa y presionó al PP para volver a presentarla, ‘sorpassó’ a los populares. Las prisas por la tramitación tiene que ver con las elecciones municipales de mayo. PP y Vox se comprometieron en estos pueblos a dar soluciones y Moreno lo llevó en su programa electoral.

¿Cuáles son las alternativas?

El Gobierno de la nación ha desplegado un plan de 356 millones de euros en cinco años (2027) para aliviar la presión que sufre el Parque Nacional de Doñana en un momento crítico, ante la delicada situación que atraviesa uno de los principales humedales de Europa, con la sequía azotando y la actividad agraria y turística de la zona ejerciendo una presión que es ya, dicen los expertos, insoportable. Entre las medidas que la ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, presentó en Almonte (Huelva) figura una partida de 100 millones de euros destinada a la compra de derechos de agua de los regantes de los terrenos colindantes con el Parque y de fincas para acabar con la actividad agrícola intensiva, sobre todo de fresa y otros frutos rojos. El Gobierno de la nación anuncia que ha cerrado 220 pozos ilegales y prevé cerrar otros 496 en esta legislatura.

¿Hay excedente de agua con el trasvase que se está ejecutando?

Hay una eterna reclamación al Gobierno para el trasvase del Tinto, Piedras y Odiel. Un trasvase que después de muchos años ya está en obras pero que se destinará a un único fin: recuperar el buen estado de la masa de agua subterránea de la Rocina, crucial para la supervivencia del Parque. “Esas asignaciones de recursos hídricos”, señala la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, unos 19,99 hectómetros cúbicos, “estarán limitadas a la sustitución de regadíos con derechos ya acreditados de agua subterránea por superficial” y “en ningún caso podrán destinarse a la creación de nuevos regadíos”. La Junta de Andalucía niega que el agua de ese trasvase esté ya repartida y pide que se destine a nuevos derechos para los agricultores.