El Senado pide mejorar la protección de mujeres trans frente a la violencia machista

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género debe proteger a todas las mujeres, sin olvidar a las trans, las mayores, las gitanas, las migrantes, las mujeres con discapacidad y las rurales. El Senado ha evaluado el cumplimiento del Pacto y pide que el Estado dedique "los recursos necesarios" para la protección de las más vulnerables.

Este miércoles, la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta ha aprobado por unanimidad el informe de la Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado, un análisis elaborado durante más de dos años para detectar lagunas en la puesta en marcha de las medidas del Pacto.

"Las políticas públicas deben seguir creando y sosteniendo los recursos necesarios para proteger a todas las mujeres (sin olvidar a las trans, gitanas, mayores de 65 años, mujeres con discapacidad, mujeres rurales) de todas las violencias", incide el informe.

Lo que queda por hacer

La respuesta específica y reforzada a la vulnerabilidad de ciertos colectivos de mujeres es una de las principales conclusiones a la que ha llegado la Comisión en su informe.

El documento, hecho público este miércoles, se ha elaborado a partir de 39 comparecencias ante la Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado: representantes del Gobierno, de las comunidades y ciudades autónomas, de sindicatos, de asociaciones...

"Las intervenciones de quienes comparecieron han servido para trasladarnos una imagen tan dura como real de la violencia machista en nuestro país. (...) Estamos ante un fenómeno estructural, en muchas ocasiones silenciado; un fenómeno que representa una grave vulneración de los derechos de las mujeres en España frente al que no podemos ni queremos permanecer impasible", se lee en el informe.

Hacer frente al negacionismo

En él, se alerta del "riesgo derivado de cierto incremento de discursos que niegan la violencia machista" y de la necesidad de profundizar en las medidas de prevención, educación de la ciudadanía y formación de los profesionales que trabajan con víctimas, agresores y menores.

"Debe fortalecerse el Pacto a nivel institucional para hacer frente al negacionismo. Asegurar su permanencia, evaluación permanente y actualización", asevera el informe.

Son tres los principales puntos que deben abordarse para el futuro del Pacto, a juicio del informe aprobado, su renovación, asegurarle una financiación estable "con independencia del ciclo económico" que pueda ser ejecutada de forma plurianual y fomentar un sistema de cogobernanza de todas las administraciones implicadas en la lucha contra las violencias machistas (Gobierno, comunidades autónomas, diputaciones y entidades locales), instituciones y organizaciones sociales.

En esa financiación estable, el Senado solicita que se financie a entidades sin ánimo de lucro tanto a nivel estatal como autonómico, que tengan programas de prevención, sensibilización, acompañamiento y atención a víctimas de todas las violencias y a sus hijos e hijas.

Considera la evaluación que España aún debe dar pasos para responder a todas las violencias contra las mujeres y adecuarse al Convenio de Estambul. Queda pendiente la legislación contra la trata, pero también abordar la violencia digital, la vicaria y la económica.

Estima también necesario que se refuercen campañas de información a víctimas (que tengan en cuenta especificidades y visibilicen contextos de vulnerabilidad en los que la violencia suele intensificarse), de sensibilización al conjunto de la sociedad y en concreto dirigidas a hombres, niños y adolescentes, que pongan el foco en el maltratador y eviten la revictimización de las mujeres.

Continúa siendo un reto, según el informe, la protección de las víctimas que retiran las denuncias, la respuesta a las violencias machistas en la España rural (donde deberían aumentarse los efectivos y recursos, impulsarse equipos policiales itinerantes y mejorar la cobertura de los dispositivos de control telemático de agresores) y la atención a las víctimas con discapacidad.

Aún deben darse pasos para favorecer la autonomía económica de las supervivientes, se tiene que modificar el castigo penal de la ciberdelincuencia y "resulta imprescindible" aumentar la implantación de pulseras de control de agresores.

Otra de las cuestiones que el informe pone sobre la mesa es la pertinencia de conformar una comisión mixta Congreso-Senado para lograr una mayor efectividad a la hora de evaluar el Pacto.

Y la necesidad de crear un sistema de recogida de información homogéneo y permanente que permita hacer un "monitoreo" de la acción de las administraciones, la Fiscalía y el Poder Judicial en la tarea de combatir las violencias contra las mujeres.

Lejos de la confrontación partidista

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha destacado en declaraciones a las periodistas que la elaboración del informe ha sido fruto de un trabajo de "consenso" y alejado de la "confrontación partidista". A ello ha ayudado que la ultraderecha negacionista de la violencia de género no haya participado en esta comisión del Senado.

"De todos los expertos y comparecientes sale claramente la idea de renovación del Pacto. Esta es una política de Estado desde hace años y lo tiene que seguir siendo", ha subrayado Granados.

La próxima semana, el pleno de la Cámara Alta someterá a votación el informe. Una vez aprobado definitivamente, se enviará al Gobierno y también al Congreso de los Diputados, donde actualmente hay una subcomisión trabajando en la renovación del dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.