El PSOE manda un mensaje de tranquilidad a la sanidad privada sobre la 'ley Darias': no les va a afectar tanto

La conocida como 'ley Darias' para blindar la sanidad pública no va a afectar tanto al sector privado como éste se teme. Es el mensaje de "tranquilidad" que está mandando el PSOE al sector en las últimas semanas. Un mensaje que, sin embargo, según ha podido constatar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, entre fuentes de la sanidad privada, lejos de calmarles, les produce mucha más inquietud. En 2023, el Ministerio de Sanidad y los representantes de los hospitales y clínicas privadas mantendrán una reunión para revisar una normativa que, por ahora, está parada en el Congreso de los Diputados.

El 14 de junio el Consejo de Ministros acordaba remitir a las Cortes el proyecto de ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Un texto que ha suscitado numerosas reacciones. La normativa blinda el acceso universal a la sanidad pública, da prioridad al modelo de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios y elimina los copagos. Según dijo entonces la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "va a mejorar la vida de la gente" porque "amplía derechos que el gobierno del PP había suprimido y "elimina que se puedan establecer nuevos copagos".

Consorcios 100% públicos

Entre los objetivos concretos de la normativa figura blindar la sanidad pública, identificando como modelo de gestión el directo. Es decir, el que se presta por las propias administraciones públicas, bien sean estatales, autonómicas o locales, y también mediante la creación de consorcios cien por cien de titularidad pública. Adicionalmente, establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo "una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria" y siempre que no sea posible la gestión directa.

La conocida como 'ley Darias' para blindar la sanidad pública no convence del todo a Unidas Podemos. La coalición morada ya lo había advertido cuando el Ministerio de Sanidad anunció el proyecto de ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud: el texto no establece límites reales a la privatización.

El 22 de septiembre el pleno del Congreso de los Diputados daba luz verde a la tramitación del proyecto de ley. Entonces, Junts y el PDeCAT retiraron las enmiendas de totalidad -que también registraron Vox y Ciudadanos- que habían presentado a la ley tras pactar considerar que no va a afectar al modelo sanitario catalán, en el que priman los conciertos sanitarios.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha comprometido a que no empiece la ponencia hasta que no haya un acuerdo que contemple estos límites a las privatizaciones que pide Unidas Podemos. Aunque los morados salvaron una crisis en el último momento, justo antes del debate de totalidad llegando a un acuerdo con el PSOE, desde entonces la norma sigue en la misma fase: parada a la espera de la ponencia. Previsiblemente, se reactivará en febrero.

La privada se declara aliada

Según ha podido saber este diario a través de fuentes del sector, éste insiste en que es "inviable prescindir de la sanidad privada", un recurso que tildan de "rentable y económico" para los sistemas sanitarios autonómicos, tal y como, en los últimos meses, han venido sosteniendo desde la patronal. El sector privado considera que si la ley sale adelante y se elimina la colaboración público-privada, la sanidad española colapsará porque tendrá que asumir 6 millones de estancias hospitalarias, 11 millones de consultas, y 800.000 pruebas diagnósticas.

Entre las principales repercusiones de la desaparición de la colaboración privada-pública, el sector alude al incremento de "las más que abultadas listas de espera"

Las mismas fuentes indican que el sector ha mantenido varias "rondas políticas" y de, entre todos, hay un mensaje que les inquieta: el que les hace llegar el PSOE, impulsor de la ley de que, finalmente, el impacto de la normativa para blindar la sanidad pública no será tan fuerte en la sanidad privada. Lo que, aseguran, no les "tranquiliza nada".

Entre "las principales repercusiones de la desaparición de la colaboración privada-pública", el sector alude al incremento de "las más que abultadas listas de espera, el aumento de la sobresaturada ocupación hospitalaria y la generación de sobrecostes para un sistema sanitario público colapsado, infrafinanciado e insuficiente". Un informe elaborado por la patronal estima que esas listas de espera para cirugías podrían aumentar un 102% -alargando la espera media en 75 días- y la lista de espera de primera consulta en un 153%, dilatando la espera en 58 días más.

Además, subrayan el "desconocimiento" de muchos consejeros autonómicos sobre "esta norma y los efectos" que pueda tener y que son varios los titulares sanitarios autonómicos que han pedido que el asunto se lleve al Consejo Interterritorial. La previsión es que, tras esas rondas políticas, la patronal se reúna a comienzos de año con el Ministerio de Sanidad para abordar la letra pequeña de la ley.